El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) rechazó la última apelación presentada por el Estado argentino y dejó firme el fallo a favor de Casinos Austria International en la causa originada por la revocación de la licencia de Enjasa durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey.

Con esta decisión definitiva, la Argentina deberá afrontar una condena que ya supera los 45 millones de dólares entre capital, intereses, costas y gastos judiciales, en un caso que se transformó en uno de los litigios internacionales más costosos vinculados a la provincia de Salta.

El origen del conflicto

La disputa comenzó en 2013, cuando el Ente Regulador de Juegos de Azar (ENREJA) resolvió revocar la licencia de Enjasa, empresa que tenía la concesión del juego en Salta desde 1999.

La licencia había sido otorgada durante la gestión del entonces gobernador Juan Carlos Romero por un plazo de 30 años. Posteriormente, Casinos Austria ingresó como inversor extranjero y pasó a controlar indirectamente el 60% de la compañía.

El gobierno provincial justificó la rescisión argumentando presuntas irregularidades administrativas. Sin embargo, el tribunal arbitral internacional consideró que la medida aplicada fue “desproporcionada” y concluyó que el Estado avanzó con una sanción extrema sin demostrar incumplimientos sistemáticos que justificaran la eliminación total de la inversión extranjera.

De acuerdo con el CIADI, el Estado argentino violó el tratado bilateral de inversiones firmado entre Argentina y Austria, configurando una expropiación ilícita.

Una deuda que creció con los intereses

El laudo original había fijado una indemnización de USD 21,6 millones. Pero con el paso de los años, los intereses y las costas judiciales incrementaron considerablemente el monto final.

Actualmente, la deuda incluye:

• Más de USD 36 millones por capital e intereses.
• Más de USD 2 millones por costas procesales adicionales.
• Más de EUR 6,2 millones en gastos arbitrales e intereses, equivalentes a unos USD 7,2 millones.

La cifra total ya supera ampliamente los USD 45 millones y podría incrementarse aún más hasta su cancelación definitiva.

Impacto político e institucional

El fallo representa un fuerte revés institucional y vuelve a poner en debate las consecuencias de decisiones administrativas tomadas durante la gestión de Urtubey.

La resolución de quitar la licencia de Enjasa 17 años antes de su vencimiento fue considerada arbitraria por el tribunal internacional y terminó derivando en una condena multimillonaria que ahora deberá afrontar el Estado.

Además del impacto económico, el caso genera preocupación por las consecuencias sobre la imagen de Salta frente a futuros inversores extranjeros.

En ámbitos jurídicos y económicos advierten que este antecedente podría influir en otros conflictos sensibles relacionados con concesiones y servicios privatizados, entre ellos los casos vinculados a Aunor y Aguas de Salta.