El gobierno de Salta asumirá el financiamiento de trabajos sobre la Ruta Nacional 9/34 en el tramo Metán–Rosario de la Frontera, luego de la firma de un convenio entre el gobernador Gustavo Sáenz y el titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy.

El acuerdo establece que la Provincia aportará recursos económicos para sostener tareas de saneamiento integral de calzada, bacheo profundo y perfilado de banquinas en uno de los corredores más transitados y deteriorados del sur salteño.

La decisión deja en evidencia las dificultades que atraviesa actualmente la obra pública nacional y el freno financiero que afecta a numerosos proyectos viales en distintas provincias. En este caso, será Salta la que deberá inyectar fondos para evitar la paralización total de las tareas sobre una ruta que depende administrativamente del Estado nacional.

Según se informó oficialmente, la Provincia asumirá el pago de certificados de obra y también un anticipo financiero destinado a garantizar la continuidad inmediata de los trabajos.

Una ruta clave con fuerte deterioro

El tramo Metán–Rosario de la Frontera presenta desde hace tiempo problemas de transitabilidad, con sectores deteriorados, deformaciones de calzada y banquinas en mal estado, una situación que genera constantes reclamos de transportistas y usuarios frecuentes de la ruta.

La RN 9/34 constituye además un corredor estratégico para el transporte de carga y la conexión regional entre el norte argentino y otras provincias del país.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la continuidad de la obra fue priorizada por razones de seguridad vial y conectividad regional, especialmente por el impacto económico que tiene el corredor para la actividad productiva del sur provincial.

Nación mantiene el contrato, pero Salta pone los fondos

Aunque la financiación será asumida por la Provincia, el contrato de obra continuará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad y seguirá rigiéndose por los pliegos nacionales originales.

El convenio firmado entre ambas jurisdicciones apunta a destrabar administrativamente el flujo de fondos para que las tareas puedan reactivarse de manera inmediata.

En los hechos, el acuerdo refleja un esquema excepcional en el que una provincia termina absorbiendo costos de infraestructura vial nacional para evitar el deterioro total de una obra considerada prioritaria.

La situación también reabre el debate sobre el reparto de responsabilidades entre Nación y provincias en materia de mantenimiento de rutas nacionales, en un contexto de fuerte ajuste del gasto público y paralización de obras en distintos puntos del país.