La medida de fuerza afecta a los principales puertos del país y pone en riesgo el abastecimiento de combustibles, las exportaciones de granos y la logística vinculada a Vaca Muerta.

La desregulación del régimen de practicaje impulsada por el Gobierno nacional desató un conflicto que mantiene paralizados los principales puertos del país. Desde la madrugada del 3 de agosto, prácticos, pilotos y baqueanos iniciaron un paro por tiempo indeterminado en rechazo al Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La protesta ya mantiene detenidos entre 140 y 150 buques y afecta terminales estratégicas como Rosario, Bahía Blanca, Dock Sud, Campana, La Plata, Zárate, Quequén, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova.

El Centro de Navegación advirtió que ya hubo operaciones canceladas y desvíos de embarcaciones hacia Montevideo y puertos del sur de Brasil. En Bahía Blanca, el conflicto también impacta en la logística de Vaca Muerta, donde un buque con equipamiento para el proyecto Vaca Muerta Oil Sur permanece sin poder descargar.

Desde la Cámara Argentina de Energía alertaron que la interrupción de las operaciones portuarias podría generar dificultades en el abastecimiento de nafta, gasoil y fuel oil, mientras que también se retrasan las exportaciones de granos.

Ante el conflicto, la Prefectura Naval intimó a más de 500 prácticos para que retomen sus tareas, aunque el Ministerio de Trabajo no puede dictar una conciliación obligatoria porque estos profesionales trabajan de forma independiente.

Qué cambia el decreto

El Decreto 690/2026 reemplaza el régimen vigente desde 1991 y establece un registro abierto de prácticos administrado por la Prefectura Naval, habilita la libre contratación por parte de las empresas, elimina restricciones para el ingreso de nuevos prestadores y fija tarifas máximas con el objetivo de aumentar la competencia.

Además, flexibiliza las excepciones al uso obligatorio del practicaje, incluso para algunos capitanes extranjeros que acrediten conocimiento de la zona.

La medida fue defendida por Sturzenegger como una forma de reducir el denominado «costo argentino», aunque despertó fuertes críticas de profesionales del sector, empresas y referentes vinculados a la navegación, que advierten sobre posibles riesgos para la seguridad marítima y el medio ambiente.