El oficialismo decidió restablecer las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La medida llega en medio de fuertes presiones políticas y a horas de una sesión clave en Diputados.

En un inesperado giro político, el Gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con la derogación de la Ley de Tierras, una de las medidas incluidas en el polémico DNU 70/2023. La decisión se produjo luego de las presiones de sectores aliados, principalmente del PRO y la Unión Cívica Radical.

El oficialismo incorporó dos artículos al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para restablecer los límites a la compra de campos argentinos por parte de extranjeros.

La modificación establece que se dejará sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023 y se restituirá la plena vigencia de la Ley 26.737, que regula la propiedad y tenencia de tierras rurales en el país.

Qué pasará con las tierras argentinas

De aprobarse la iniciativa, volverán a regir las restricciones establecidas por la Ley de Tierras, que limita la cantidad de superficie rural que puede quedar en manos extranjeras.

Entre sus principales disposiciones, la normativa establece un límite general del 15% de titularidad extranjera sobre las tierras rurales del territorio nacional, provincial y municipal, además de otras restricciones específicas.

Esto significa que los extranjeros no podrán adquirir tierras rurales sin respetar los límites establecidos por la legislación argentina.

La presión política que hizo cambiar de postura al oficialismo

La decisión se conoció a menos de 24 horas de una sesión especial convocada por la oposición para intentar rechazar el DNU firmado por Milei.

El nuevo proyecto consiguió dictamen de mayoría con 34 firmas de diputados libertarios, radicales y del PRO, en una jugada que también busca evitar que los aliados del Gobierno acompañen la ofensiva opositora.

El cambio se produjo, además, después de que la Corte Suprema suspendiera provisoriamente la derogación de la Ley de Tierras mediante una medida cautelar interina.

La oposición cuestionó la maniobra

Desde Unión por la Patria criticaron duramente la decisión y presentaron un dictamen de minoría. Acusaron al oficialismo de impulsar modificaciones de último momento para impedir el rechazo del decreto.

Por su parte, Provincias Unidas presentó una propuesta alternativa para eliminar el artículo 154 del DNU, aunque sin respaldar el resto del proyecto de propiedad privada, que contempla modificaciones vinculadas al registro inmobiliario y procedimientos de desalojo.

Mientras tanto, la oposición todavía no lograba reunir los 129 diputados necesarios para abrir la sesión de este jueves 15 de octubre. Las estimaciones ubicaban el respaldo entre 120 y 123 legisladores.

En caso de que la sesión no consiga quorum, el oficialismo tiene prevista otra convocatoria para el 21 de octubre, cuando buscará avanzar con el proyecto de propiedad privada y otras iniciativas vinculadas a discapacidad, morosidad y vandalismo rural.

Por ahora, el cambio anunciado representa un retroceso en la intención inicial del Gobierno de eliminar las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros, aunque la restitución legislativa todavía depende de la aprobación del Congreso.