El Gobierno nacional decidió apartar de su cargo a Carlos Frugoni, quien se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura en el Ministerio de Economía, tras quedar envuelto en una polémica por no declarar propiedades en Estados Unidos. La salida se formalizó este domingo, bajo la figura de una renuncia solicitada por el Ejecutivo.

Frugoni, hombre cercano al ministro Luis Caputo, había omitido informar ante la Oficina Anticorrupción y el organismo fiscal ARCA la posesión de al menos cinco departamentos en el estado de Florida, principalmente en la exclusiva zona de Palm Beach.

La situación salió a la luz tras una investigación periodística que reveló que los inmuebles —adquiridos entre 2020 y 2022— estaban a su nombre o bajo sociedades radicadas en estados como Delaware y Wyoming, conocidos por sus regímenes de privacidad empresarial. En total, el patrimonio inmobiliario en Estados Unidos rondaría los 2 millones de dólares.

Consultado sobre la omisión, Frugoni reconoció el hecho: “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué”, aseguró, y afirmó que avanzaba en la actualización de sus declaraciones tanto ante los organismos de control como ante el fisco.

Más allá de sus explicaciones, el Gobierno avanzó con su desplazamiento. Mientras desde su entorno sostuvieron que se trató de una renuncia voluntaria, en otros sectores oficiales fueron contundentes y hablaron de un despido.

En paralelo, se definió rápidamente su reemplazo: Fernando Herrmann, quien hasta ahora se desempeñaba como secretario de Transporte, asumirá en su lugar dentro de la estructura del Ministerio de Economía.

Frugoni tenía un rol clave en la gestión de proyectos de infraestructura, especialmente en procesos de privatización y concesión de rutas. Además, contaba con antecedentes en la gestión pública en la Ciudad de Buenos Aires, donde estuvo al frente de AUSA durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

El caso abre interrogantes sobre los mecanismos de control patrimonial en la función pública y suma un nuevo foco de tensión dentro del Gobierno, en momentos donde la transparencia y el ajuste del gasto son ejes centrales de la gestión.