Mientras la política de ajuste vuelve a ocupar el centro de la escena, el Gobierno nacional acelera los recortes en la administración pública y, en paralelo, reordena su estrategia legislativa. La ambiciosa iniciativa de enviar al Congreso un paquete de 90 reformas estructurales, anunciada por Javier Milei, sigue en pie, aunque avanza a un ritmo más lento del previsto.

En la Casa Rosada aseguran que la prioridad inmediata está puesta en profundizar el ajuste. La directiva ya fue transmitida a los distintos ministerios: revisar partidas, reducir programas y optimizar cada gasto operativo. La coordinación de estas medidas se canaliza a través del equipo que lidera el vocero Manuel Adorni, con participación del área económica y de Desregulación.

En paralelo, el oficialismo intenta avanzar con la agenda legislativa. Durante la apertura de sesiones ordinarias, Milei había planteado que cada cartera debía presentar diez proyectos de reforma por mes durante nueve meses, con el objetivo de alcanzar un total de 90 iniciativas orientadas a rediseñar el Estado. Sin embargo, puertas adentro reconocen que el proceso enfrenta dificultades.

“No todas las áreas avanzan al mismo ritmo”, admiten fuentes oficiales, que también señalan la falta de material suficiente para sostener el cronograma original. El desafío no solo pasa por redactar los proyectos, sino por garantizar que cuenten con respaldo técnico y viabilidad política antes de su envío al Congreso.

El contexto económico agrega presión. Con una recaudación que pierde frente a la inflación en varios sectores, rebajas impositivas ya aplicadas y gastos sensibles que se mantienen, el margen fiscal se reduce. En ese escenario, desde el equipo económico insisten en sostener el superávit primario como uno de los pilares del programa.

Del otro lado, la oposición y los gremios estatales siguen de cerca cada movimiento. En el oficialismo anticipan que cualquier intento de avanzar sobre estructuras del Estado o empleo público encontrará resistencia parlamentaria, lo que obligará a negociar cada iniciativa en el Congreso.