Mientras el presidente Javier Milei se presenta como el “más perjudicado” en términos salariales desde que asumió, su propio Gobierno autorizó incrementos que llevarán los sueldos de más de 1.000 funcionarios a cifras millonarias, generando polémica en medio del ajuste económico.

La medida se formalizó a través del decreto 931/2025, firmado a comienzos de año, que habilitó la actualización de remuneraciones para toda la estructura jerárquica del Poder Ejecutivo. El alcance incluye al jefe de Gabinete Manuel Adorni, los nueve ministros, la secretaria general Karina Milei, además de decenas de secretarios, subsecretarios y cientos de autoridades de organismos públicos.

En total, el beneficio alcanza a más de 1.000 cargos políticos, que desde junio pasarán a cobrar sueldos de hasta $8.019.338 brutos mensuales. El incremento acumulado en apenas cinco meses llega al 123,8%, una cifra que contrasta fuertemente con la evolución de los ingresos en el resto de la sociedad.

Aumentos acelerados tras el congelamiento

El argumento oficial sostiene que los salarios estaban congelados desde hacía casi dos años y que la actualización responde a las paritarias del sector público: un 73% en 2024 y un 25% adicional en lo que va de 2025. Sin embargo, la aplicación de esos incrementos fue inmediata y acumulativa, lo que derivó en subas exponenciales en pocos meses.

Según datos difundidos, los ministros pasaron de cobrar $3,5 millones en diciembre a superar los $8 millones en mayo. En paralelo, los secretarios ya perciben más de $7,3 millones, mientras que los subsecretarios superan los $6,7 millones mensuales.

Justificaciones oficiales y cuestionamientos

Desde el Gobierno argumentan que los aumentos buscan evitar la fuga de funcionarios y recomponer el poder adquisitivo frente a la inflación. También sostienen que, incluso con estas subas, los salarios quedaron por debajo del aumento de precios acumulado.

No obstante, los datos generan controversia. Mientras algunas estimaciones oficiales hablan de una inflación cercana al 194% en el período analizado, cifras del INDEC ubican ese número en torno al 144%, lo que relativiza el argumento de pérdida salarial.

En este contexto, señalan que el “sinceramiento” salarial beneficia exclusivamente a la cúpula política, en un momento donde gran parte de la población enfrenta caída del poder adquisitivo, recortes y ajuste en el gasto público.

Idas y vueltas y presión interna

El tema de los sueldos no es nuevo en la gestión. Tras un congelamiento inicial, el Gobierno ya había intentado aplicar aumentos en 2024, pero debió retroceder ante la polémica. En aquel momento, incluso el actual ministro del Interior, Guillermo Francos, llegó a afirmar que su salario “no alcanzaba para vivir”.

Finalmente, el incremento se concretó este año bajo un nuevo esquema que incluye una cláusula: si se rompe el equilibrio fiscal, los aumentos se suspenden automáticamente. Una condición que, para los críticos, llega después de haber consolidado niveles salariales muy por encima del promedio nacional.

En medio de la polémica por los salarios políticos, Javier Milei había apuntado en su momento contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien responsabilizó por un decreto que —según su visión— habilitaba aumentos automáticos para la planta política. Sin embargo, tras firmar una suba junto a Nicolás Posse, el Gobierno dio marcha atrás en pocos días y el funcionario terminó fuera de su cargo. A pesar de esos retrocesos, las dietas de diputados y senadores continuaron actualizándose y superaron ampliamente los $6 y $11 millones brutos respectivamente, una situación que terminó presionando al Ejecutivo para avanzar finalmente con la recomposición salarial de sus propios funcionarios.