La provincia de Salta formalizó la aplicación de la Ley Provincial N° 8533, que establece la realización de exámenes toxicológicos periódicos y sorpresivos a funcionarios de los tres poderes del Estado. La medida, que ya se encuentra en vigencia, alcanza desde el gobernador hasta intendentes y concejales en todo el territorio provincial.

La norma fue oficializada mediante el Decreto N° 262 y publicada en el Boletín Oficial, tras la promulgación del decreto de necesidad y urgencia N° 32/2026 impulsado por el gobernador Gustavo Sáenz.

El proceso legislativo incluyó una sesión especial del Senado provincial realizada el 26 de febrero, donde se aprobó el DNU. Posteriormente, la Cámara de Diputados no trató la iniciativa dentro de los plazos establecidos, lo que permitió su entrada en vigencia automática conforme a lo previsto por la Constitución de Salta.

La ley establece que los controles alcanzan a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo —gobernador, vicegobernador, ministros y secretarios—, además de legisladores, magistrados, fiscales y organismos de control. Uno de los puntos más relevantes es la extensión de la medida a los gobiernos municipales, incluyendo intendentes, concejales y demás funcionarios locales.

Los exámenes toxicológicos deberán realizarse de forma periódica y aleatoria, incorporando además controles sorpresivos con el objetivo de garantizar la eficacia del sistema y evitar posibles maniobras de evasión.

La normativa también prevé garantías para los funcionarios alcanzados: los resultados serán confidenciales y se permitirá solicitar una contraprueba en caso de discrepancias, resguardando el debido proceso y los derechos individuales.

Con esta implementación, Salta se convierte en una de las provincias con un esquema más amplio de control sobre el consumo de sustancias en el ámbito de la función pública.