La senadora nacional por Salta criticó la política de administración de los fondos viales y aseguró que solo el 26% de lo recaudado mediante el impuesto a los combustibles fue destinado a obras. Advirtió por el impacto que la falta de mantenimiento tiene en la Ruta Nacional 34 y en el norte provincial.

La senadora nacional por Salta, Flavia Royón, volvió a cuestionar al Gobierno de Javier Milei por el destino de los recursos recaudados a través del impuesto a los combustibles y denunció que más de un billón de pesos que deberían utilizarse para obras viales permanecen sin ejecutar.

Según planteó la legisladora, durante la actual gestión nacional se recaudaron alrededor de $1,5 billones mediante el tributo aplicado a la carga de nafta y gasoil, pero solamente el 26% habría sido destinado efectivamente a obras de infraestructura vial. El resto de los recursos, sostuvo, permanece retenido y colocado en instrumentos financieros.

Royón afirmó que la situación no responde a una falta de recursos, sino a una decisión política del Gobierno nacional de priorizar el resultado fiscal por sobre la ejecución de obras necesarias para mantener la red vial.

Reclamo por las rutas del norte salteño

La discusión adquiere especial relevancia para Salta debido al estado de distintas rutas nacionales que atraviesan el norte provincial, particularmente la Ruta Nacional 34, uno de los principales corredores para el transporte de pasajeros y cargas.

En departamentos como San Martín y Orán, la falta de mantenimiento, el deterioro de la calzada y la escasez de trabajos de reparación generan preocupación entre vecinos, productores y transportistas.

La senadora también recordó que presentó pedidos de informes en el Senado para conocer con mayor precisión el destino y nivel de ejecución de los fondos correspondientes a las obras viales en la provincia.

La Provincia tuvo que intervenir

Otro de los puntos señalados por Royón fue que el deterioro de las rutas nacionales llevó al Gobierno de Salta a disponer recursos propios para realizar intervenciones de emergencia en trazas que son responsabilidad del Estado nacional.

Entre ellas se encuentran sectores de las rutas 9 y 34, fundamentales para la conexión del norte salteño con el resto de la provincia y con los principales corredores comerciales del país.

Para los municipios de Tartagal, San Ramón de la Nueva Orán, Embarcación, General Mosconi, Aguaray y Profesor Salvador Mazza, el estado de las rutas también tiene un impacto económico directo.

El deterioro de las calzadas incrementa los costos de transporte de la producción agropecuaria, minera e industrial, además de afectar la circulación hacia los puertos y los pasos fronterizos.

El destino del impuesto a los combustibles, bajo discusión

El reclamo vuelve a poner en el centro de la escena el destino de los fondos que se recaudan a través del impuesto a los combustibles. La discusión gira en torno a cuánto dinero llega efectivamente a las obras viales y cuánto permanece sin ejecutar.

Desde el sector que cuestiona la política nacional sostienen que los recursos generados por los conductores deberían traducirse en rutas más seguras y transitables, especialmente en las regiones alejadas de los grandes centros urbanos.

En ese marco, Royón planteó la necesidad de transparentar la ejecución de las partidas y conocer qué ocurre con los fondos recaudados que no son destinados a infraestructura vial.

El estado de la Ruta Nacional 34 vuelve así a quedar en el centro del debate político en Salta, mientras vecinos y sectores productivos del norte reclaman obras de mantenimiento, reparación y señalización para mejorar la seguridad y la conectividad de una de las principales vías de comunicación de la provincia.