La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó medidas preliminares para esclarecer si funcionarios argentinos colaboraron con la salida del dirigente brasileño hacia Estados Unidos. La denuncia apunta al presidente Javier Milei y otros integrantes del Gobierno.

La Justicia federal argentina puso bajo análisis las circunstancias que rodearon la salida de Flávio Bolsonaro, senador brasileño y excandidato presidencial, quien cruzó por Puerto Iguazú y viajó en un avión privado hacia Estados Unidos junto a su familia.

La jueza María Eugenia Capuchetti, a pedido de la fiscal Paloma Ochoa, ordenó preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú correspondientes al 27 y 28 de octubre.

También solicitó informes a Migraciones sobre los controles realizados al avión y sus pasajeros, además de determinar si Argentina había recibido alertas oficiales de Brasil sobre la situación judicial del dirigente.

¿Por qué denunciaron a Milei?

La presentación fue realizada por Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, quien pidió investigar al presidente Javier Milei y otros funcionarios por presunto encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, peculado y malversación de fondos públicos.

Según la denuncia, Bolsonaro ingresó a Misiones el 27 de octubre y posteriormente abordó un vuelo privado de Baires Fly, que hizo escala en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Miami.

Solano sostiene que el Gobierno argentino debía conocer la restricción de salida de Brasil dispuesta por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, y pidió determinar si existió colaboración u omisión de controles.

Qué resolvió la Justicia en Misiones

En paralelo, la diputada Marcela Pagano presentó otra denuncia ante la Justicia de Puerto Iguazú.

Sin embargo, la fiscalía federal de esa ciudad desestimó la presentación tras analizar informes de Migraciones e Interpol, que no registraban impedimentos internacionales vigentes para el tránsito del dirigente brasileño.

La decisión de Misiones no cierra las actuaciones en Comodoro Py, donde todavía se busca establecer si hubo alguna intervención irregular de funcionarios nacionales.

Por el momento, las medidas ordenadas por Capuchetti son preliminares y no implican que se haya demostrado responsabilidad penal del presidente ni de otros funcionarios.