La Casa Rosada presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que intervenga de manera directa en la disputa judicial por la reforma laboral y deje sin efecto la cautelar que suspendió 82 artículos de la ley impulsada por el Gobierno nacional.
La medida busca una resolución rápida del máximo tribunal luego del fallo dictado por el juez laboral Raúl Horacio Ojeda, quien hizo lugar a un planteo presentado por la Confederación General del Trabajo y frenó los puntos centrales de la norma sancionada por el Congreso.
Qué reclama el Gobierno
La presentación fue realizada por la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio.
En el escrito, el Ejecutivo sostiene que la decisión judicial “compromete instituciones básicas del sistema republicano”, al considerar que un juez de primera instancia suspendió con efectos generales una ley aprobada por el Poder Legislativo.
Además, argumenta que cada día que continúa vigente la cautelar genera un daño irreparable y afecta la seguridad jurídica.
Por qué eligió el per saltum
En lugar de apelar ante la Cámara Laboral o esperar la definición del fuero contencioso administrativo federal, el Gobierno decidió acudir directamente a la Corte mediante un recurso excepcional conocido como salto de instancia.
El objetivo es acelerar los tiempos judiciales y obtener una definición sobre la vigencia de la reforma laboral, considerada una de las principales iniciativas oficiales en materia económica y productiva.
Qué artículos siguen suspendidos
Entre los puntos alcanzados por la cautelar se encuentran:
- Cambios en el cálculo de indemnizaciones
- Modificaciones al período de prueba
- Creación del banco de horas
- Fraccionamiento de vacaciones
- Cambios en convenios colectivos
- Limitaciones al derecho de huelga
- Normas sobre trabajadores de plataformas digitales
- Derogación de aspectos de la ley de teletrabajo
- Reducción de protecciones sindicales
El planteo de la CGT
La central obrera sostiene que varios artículos vulneran derechos laborales garantizados por la Constitución Nacional, entre ellos la libertad sindical, la progresividad de los derechos, la no discriminación y la tutela judicial efectiva.
Qué puede pasar ahora
La decisión queda en manos de la Corte Suprema, que deberá resolver si acepta tratar el per saltum y si mantiene o levanta la suspensión vigente. El caso se convirtió en una nueva pulseada entre el Gobierno nacional y el movimiento sindical por el alcance de la modernización laboral en Argentina.
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