El Gobierno nacional reglamentó este lunes el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta creada en el marco de la reforma laboral que busca establecer un nuevo mecanismo para financiar indemnizaciones y otras obligaciones derivadas de la finalización de relaciones laborales.

La medida fue oficializada mediante decretos publicados en el Boletín Oficial y comenzará a regir a partir del 1 de noviembre para empleadores del sector privado.

Según la normativa, cada empresa deberá abrir una cuenta individual dentro de un fondo común de inversión o fideicomiso financiero autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV). En esas cuentas se depositarán los aportes destinados a cubrir eventuales indemnizaciones por despidos u otras desvinculaciones laborales.

El sistema alcanzará exclusivamente a trabajadores registrados que cuenten con al menos un año de antigüedad al momento de finalizar la relación laboral.

Cómo funcionará

Cuando se produzca una desvinculación comprendida dentro del régimen, el empleador deberá presentar una declaración jurada electrónica con los datos correspondientes. Luego, la entidad administradora verificará la información y transferirá los fondos al trabajador en un plazo máximo de cinco días hábiles.

La reglamentación aclara que la determinación y el cálculo de la indemnización seguirán siendo responsabilidad exclusiva del empleador.

Además, los aportes efectuados al fondo podrán deducirse del Impuesto a las Ganancias y también tendrán impacto sobre determinadas contribuciones patronales, generando beneficios fiscales para las empresas adheridas.

Inversiones y control de los fondos

Los recursos acumulados en el FAL deberán invertirse únicamente en instrumentos financieros autorizados dentro del mercado argentino. A su vez, las entidades administradoras no podrán cobrar comisiones superiores al 1% anual sobre los activos gestionados.

La normativa también prevé mecanismos para trasladar los fondos entre distintas entidades administradoras y contempla situaciones especiales como reorganizaciones empresariales, transferencias de establecimientos o cesiones de personal.

Sanciones por incumplimiento

El decreto establece multas para los empleadores que no realicen los aportes exigidos. En esos casos, ARCA estará facultada para reclamar las sumas adeudadas mediante procesos de ejecución fiscal.

Asimismo, las cuentas vinculadas al Fondo de Asistencia Laboral estarán exentas del impuesto a los créditos y débitos bancarios, mientras que la información intercambiada entre organismos públicos y entidades administradoras deberá mantenerse bajo estrictas condiciones de confidencialidad.

La reglamentación despeja así uno de los principales interrogantes que había dejado abierta la reforma laboral respecto de la implementación práctica de este nuevo esquema, que comenzará a aplicarse en todo el país a partir de noviembre.