El Gobierno nacional oficializó la designación de la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación del régimen que regula los servicios prestados a través de plataformas digitales de movilidad y reparto, en el marco de la reforma laboral aprobada recientemente por el Congreso.

La medida fue establecida mediante el Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a empresas que operan mediante aplicaciones tecnológicas, entre ellas Uber, Cabify, Didi, Rappi y PedidosYa, además de otras plataformas dedicadas al transporte de pasajeros y la entrega de bienes.

A partir de esta decisión, la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, tendrá a su cargo la implementación y supervisión del régimen específico destinado a conductores y repartidores que trabajan bajo estas modalidades.

El decreto establece además que la Secretaría de Trabajo conservará las competencias relacionadas con eventuales convenios colectivos que puedan surgir dentro de la actividad, aunque la regulación principal quedará en manos del área de Transporte.

Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que la naturaleza de estos servicios está vinculada principalmente a la movilidad y la logística, por lo que consideran que la supervisión debe recaer en organismos con experiencia técnica en esas materias.

La decisión se enmarca en los cambios introducidos por la reforma laboral, que creó una categoría específica para los trabajadores de plataformas digitales y los excluyó expresamente de la Ley de Contrato de Trabajo. De esta manera, el Gobierno ratifica su postura de considerar a conductores y repartidores como prestadores independientes, sujetos a una regulación diferenciada del régimen laboral tradicional.

La denominada «economía de plataformas» ha sido objeto de debates judiciales y políticos durante los últimos años, especialmente en torno a la relación entre las empresas tecnológicas y quienes generan ingresos mediante sus aplicaciones. En distintos países, la discusión ha girado sobre si estos trabajadores deben ser considerados empleados o autónomos.

Según fuentes oficiales, el objetivo de la medida es brindar mayor previsibilidad regulatoria a una actividad que continúa creciendo y establecer reglas específicas para un sector que ocupa a miles de personas en todo el país.