La investigación federal por una presunta red de trata y explotación sexual de adolescentes en Salta sumó en las últimas horas un nuevo episodio que generó preocupación entre las familias de las víctimas y fuerte alarma dentro de la Justicia.

Según trascendió, abogados vinculados a uno de los imputados habrían intentado introducir en la Unidad Penitenciaria Federal copias impresas de declaraciones realizadas por una adolescente bajo el sistema de Cámara Gesell y Circuito Cerrado de Televisión, mecanismos especialmente diseñados para proteger a menores y evitar su revictimización.

La causa es investigada por el fiscal general Eduardo Villalba junto a la auxiliar fiscal Roxana Gual, quienes tienen plazo hasta el 29 de mayo para avanzar en la etapa investigativa, prorrogada anteriormente por decisión del juez federal de Garantías Julio Bavio.

La investigación comenzó formalmente en septiembre de 2025, luego de la detención inicial de cuatro personas acusadas de integrar una red dedicada a la captación, promoción y explotación sexual de menores de edad. Con el avance de la pesquisa, el número de detenidos ascendió a nueve y las víctimas identificadas pasaron de tres a 33 adolescentes, aunque los investigadores no descartan que existan más casos.

De acuerdo con la acusación fiscal, los imputados enfrentan cargos por trata de personas agravada por vulnerabilidad, minoridad y cantidad de víctimas, además de asociación ilícita, corrupción de menores, abuso sexual y distribución de material sexual infantil.

Uno de los puntos más sensibles del expediente es el tratamiento de los testimonios de las adolescentes. La contención psicológica y la toma de declaraciones estuvieron a cargo de la especialista Verónica Olguín Rufino, responsable del Área de Víctimas de la Fiscalía de Distrito, quien trabajó junto a organismos especializados como la PROTEX.

Desde la Fiscalía remarcaron la gravedad del presunto intento de acceso a esos testimonios confidenciales, considerando que se trata de material extremadamente sensible protegido por normas especiales debido a la condición de menores de edad de las víctimas.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en junio de 2025 por la madre de una adolescente, quien descubrió mensajes de contenido sexual en el celular de su hija. A partir de allí, la investigación permitió identificar presuntas maniobras de captación que involucraban a jóvenes de distintos colegios públicos y privados de la provincia.

Las tareas investigativas incluyeron análisis de teléfonos celulares, movimientos bancarios y actividad en redes sociales. Según se informó, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria lograron identificar y detener al remisero señalado como supuesto reclutador y posteriormente a otros implicados.

Mientras continúa la investigación judicial, el caso mantiene en alerta a distintos sectores sociales y educativos de Salta por la magnitud de las acusaciones y la cantidad de adolescentes afectadas.