La situación judicial de Manuel Adorni podría complicarse en las próximas semanas. La Justicia federal analiza citarlo a declaración indagatoria en el marco de una causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito y posibles irregularidades vinculadas a contrataciones en medios estatales.

La investigación está encabezada por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes esperan resultados de distintas medidas de prueba antes de resolver si avanzan formalmente con la citación.

Uno de los principales ejes de la causa es la relación entre Adorni y el productor televisivo Marcelo Grandio, titular de la productora Imhouse, empresa vinculada a contratos con la TV Pública. Según trascendió en medios nacionales, la Justicia investiga si Grandio financió un viaje realizado por el funcionario y su familia a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval.

Aunque Adorni aseguró públicamente que el viaje fue abonado con fondos propios, documentación incorporada al expediente indicaría que el vuelo privado habría sido reservado y pagado por la productora vinculada al empresario.

En paralelo, el juzgado ordenó cruces telefónicos y análisis de geolocalización entre Adorni, Grandio y otros involucrados para determinar posibles vínculos operativos relacionados con contratos firmados con medios estatales.

La investigación también pone bajo la lupa el patrimonio del funcionario, especialmente una propiedad ubicada en un country de Exaltación de la Cruz. Según la causa, los investigadores buscan determinar si los ingresos declarados son compatibles con los gastos detectados en la compra y remodelación del inmueble.

Otro de los puntos que analiza la Justicia es el presunto uso de efectivos de Gendarmería Nacional Argentina para custodiar el ingreso al barrio privado donde reside el funcionario, situación que podría derivar en una investigación por utilización indebida de recursos públicos.

Por el momento, no existe una fecha confirmada para una eventual declaración indagatoria, aunque en tribunales federales señalan que una decisión de ese tipo implicaría que la causa alcanzó un grado de avance relevante.