Desde este 4 de mayo de 2026 entró en vigencia en la provincia de Salta el nuevo Código Procesal Penal, aprobado mediante la Ley N° 8.520, que marca un cambio estructural en el funcionamiento de la justicia penal y consolida la implementación del sistema acusatorio y adversarial.

La reforma, impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz, completa un proceso de transformación iniciado en 2011 y será aplicada de manera progresiva, comenzando en el Distrito Judicial del Centro para luego extenderse al interior provincial.

Con este nuevo esquema, el Ministerio Público Fiscal de Salta asume la dirección de la investigación y la acusación, mientras que los jueces se concentran exclusivamente en la función de juzgamiento, con el objetivo de garantizar mayor imparcialidad, eficiencia y celeridad en los procesos.

El sistema se basa en principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización, lo que busca agilizar el desarrollo de las causas penales y dar mayor transparencia a cada etapa del proceso.

Entre las principales innovaciones se destacan la implementación de audiencias orales registradas en formato audiovisual, la fijación de plazos máximos según la complejidad de los casos y el uso de nuevas herramientas de investigación como agentes encubiertos y acuerdos de colaboración.

Además, se crea la Oficina Judicial, destinada a mejorar la gestión administrativa de los procesos, y se incorpora un sistema de apelaciones horizontales que permitirá una revisión más ágil de las decisiones judiciales.

En paralelo, la provincia avanza en la digitalización del sistema judicial mediante una plataforma tecnológica unificada que permitirá la interoperabilidad entre jueces, fiscales y defensores. La Carpeta Judicial Digital y el registro audiovisual de audiencias reemplazarán progresivamente al expediente en papel, consolidando un sistema más moderno y despapelizado.

Con la puesta en marcha de la Ley N° 8.520, Salta avanza hacia una justicia más moderna, transparente y eficiente, con un modelo orientado a la cercanía con la comunidad y la optimización de los tiempos procesales.