La provincia expuso ante Diputados que de más de 90 mil trámites iniciados desde enero de 2024, apenas 10.374 fueron resueltos. Además, reclamó información sobre cuántos expedientes pendientes corresponden a Salta y presentó el trabajo territorial que realiza en comunidades alejadas.

La situación de las pensiones no contributivas por invalidez llegó al Congreso de la Nación, donde Salta planteó la preocupación por las demoras en la resolución de los trámites y reclamó al Gobierno nacional información desagregada por provincia.

La presentación se realizó en el marco del debate por la prórroga de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y el análisis del proyecto de Presupuesto 2027. La directora de la Subsecretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública de Salta, Isabel Soria, participó de manera presencial ante el plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Durante su exposición, Soria presentó cifras oficiales sobre la situación de los trámites a nivel nacional. Según los datos informados, desde enero de 2024 se iniciaron 90.791 trámites de pensiones no contributivas por invalidez, de los cuales el Estado nacional resolvió 10.374.

Esto deja, de acuerdo con la presentación realizada por la funcionaria salteña, 80.417 expedientes sin resolver.

“Estamos hablando de más de 80.000 personas en todo el país que hoy continúan a la espera de una respuesta del Estado”, sostuvo Soria, quien remarcó que detrás de cada expediente existen familias que dependen de ese ingreso para su subsistencia y para acceder a prestaciones de salud.

En ese contexto, la representante de Salta reclamó precisiones sobre cuántos de los trámites pendientes corresponden a la provincia, cuánto tiempo llevan demorados y en qué instancia administrativa se encuentra cada expediente.

Los números de Salta

Durante la exposición también se presentó un panorama provincial. Salta cuenta con cerca de 65.000 personas registradas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

A esto se suma la situación de los beneficiarios del Programa Incluir Salud. Según los datos expuestos, el padrón provincial registra 39.973 beneficiarios, de los cuales 32.472 —el 81,2%— son titulares de pensiones no contributivas por invalidez.

“Cuando hablamos de discapacidad estamos hablando también de protección social, de salud y de ingresos familiares”, sostuvo Soria ante los legisladores.

Pero la exposición salteña no se limitó al reclamo por las pensiones. La funcionaria también presentó el modelo de abordaje territorial que la provincia desarrolla en zonas donde las distancias y las dificultades de acceso representan una barrera para las personas con discapacidad.

Rehabilitación en comunidades alejadas

En ese sentido, destacó el trabajo de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC), que funciona desde febrero de 2025 con operativos quincenales en Santa Victoria Este y que posteriormente se extendió con operativos mensuales a Rivadavia Banda Sur.

Los equipos interdisciplinarios realizan en territorio evaluaciones funcionales y brindan servicios de kinesiología, fonoaudiología, nutrición, traumatología y salud mental, además de adaptar equipamiento y ayudas técnicas.

En Santa Victoria Este fueron evaluadas 78 personas de entre 0 y 76 años, de las cuales el 64% son niñas, niños y adolescentes. Además, se entregaron y adaptaron 41 ayudas técnicas, se confeccionaron 12 moldes —9 para órtesis y 3 para prótesis— y se capacitó a familiares y agentes sanitarios en el manejo de sillas de ruedas y la elaboración de almohadones antiescaras.

La provincia también destacó el fortalecimiento de sus equipos profesionales. El Centro Provincial de Rehabilitación Física (CePReFis) cuenta durante 2026 con aproximadamente 50 profesionales de distintas disciplinas, unidades especializadas y un taller propio para la fabricación de prótesis y órtesis.

A esto se suma una jornada provincial de capacitación que alcanzó a 750 integrantes de equipos de salud y disciplinas relacionadas.

El pedido de Salta a Nación

Hacia el final de su intervención, Soria presentó una agenda federal con cinco prioridades: contar con información nacional desagregada por provincia, fortalecer y financiar el Programa Incluir Salud, avanzar con una política federal de rehabilitación basada en la comunidad, consolidar redes y talleres locales para tecnología de apoyo y reparación de equipamiento, y sostener un plan permanente de capacitación de recursos humanos en territorio.

“La discapacidad no puede depender del código postal”, afirmó la funcionaria, al plantear que las personas que viven en Santa Victoria Este, Rivadavia Banda Sur, comunidades originarias o parajes alejados deben acceder a los mismos derechos que quienes viven en los grandes centros urbanos.

La provincia cerró su planteo reclamando al Estado nacional el cumplimiento de los presupuestos establecidos por la Ley 27.793 y de los compromisos asumidos por Argentina a través de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.