El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció la liberación de partidas presupuestarias nacionales correspondientes al ejercicio 2026 destinadas al sector de la discapacidad, tras gestiones realizadas ante Nación y en articulación con el diputado Bernardo Biella.

La medida permitirá normalizar los pagos del programa Incluir Salud y garantizar la continuidad de servicios esenciales en toda la provincia.

El anuncio se realizó en el marco de la entrega de 40 viviendas en Apolinario Saravia, donde el mandatario destacó la importancia del diálogo con el Gobierno nacional para resolver una situación crítica que afectaba tanto a pacientes como a instituciones.

“Logramos avanzar para dar previsibilidad a un sector que nos preocupa profundamente. Nuestra prioridad es proteger a los más vulnerables”, expresó Sáenz, al tiempo que aseguró que los fondos permitirán sostener el trabajo de instituciones y transportistas vinculados al sistema.

Impacto directo en instituciones y beneficiarios

La regularización de estas partidas impacta en 1.251 personas que reciben asistencia médica, pedagógica y técnica en 43 establecimientos distribuidos entre la capital y el interior provincial.

Entre las entidades beneficiadas se encuentran HIRPACE, Anidar y Divino Niño, que brindan atención diaria a niños y jóvenes a través de equipos interdisciplinarios.

Estas instituciones venían atravesando dificultades operativas debido a retrasos en los pagos, lo que comprometía salarios, servicios y la calidad de atención. Con la medida, se busca restablecer el funcionamiento pleno del sistema.

Sáenz remarcó además el compromiso de Nación de saldar la totalidad de la deuda: “Esto no puede interrumpirse. Se comprometieron a pagar hasta el último peso”.

Transporte garantizado para pacientes

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, subrayó que la gestión evitó el colapso del sistema.

Detalló que 457 beneficiarios dependen del transporte especializado para acceder a los centros de atención, un servicio clave especialmente para quienes viven en zonas alejadas.

Con la cancelación de deudas a las empresas de traslado, se asegura la continuidad de este servicio esencial, considerado un eslabón fundamental para la asistencia efectiva.

Prioridad social por encima de diferencias políticas

Finalmente, el gobernador insistió en que la medida responde a una necesidad urgente y no a intereses partidarios:

“Pueden ser libertarios, kirchneristas o peronistas, pero primero están las personas con discapacidad. Es una obligación que debemos cumplir”, concluyó.