El juez federal Martín Cormick intimó al Estado Nacional a cumplir una medida cautelar que ordena aplicar la Ley 27.795. Si no lo hace dentro del plazo establecido, podría enfrentar multas diarias.

La Justicia volvió a ponerle un plazo al Gobierno nacional en medio del conflicto por el financiamiento de las universidades públicas. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick intimó al Estado Nacional a cumplir en un plazo de cinco días con una medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución establece que el Gobierno deberá dar “cumplimiento total” a la medida cautelar, que se encuentra vigente. En caso de que el Estado no cumpla dentro del período fijado, el magistrado advirtió que podrá aplicar astreintes, es decir, multas diarias destinadas a forzar el cumplimiento de una orden judicial.

La medida judicial alcanza específicamente a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, relacionados con la recomposición de los salarios de docentes y no docentes universitarios y con las becas estudiantiles.

El conflicto viene desarrollándose desde hace meses y tuvo distintas instancias judiciales. En agosto, una audiencia convocada por el propio Cormick entre representantes del Gobierno y las universidades terminó sin un acuerdo, mientras que el sector universitario reclamaba que se avanzara con la aplicación de la normativa.

El reclamo de las universidades

La decisión fue celebrada por Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quien calificó la resolución como una “excelente noticia”.

Bartolacci señaló que el juez estableció cinco días para que el Gobierno cumpla con la cautelar y recordó que el CIN había solicitado la aplicación de multas en caso de incumplimiento.

“Seguimos con mucha responsabilidad, respetando todos los pasos del proceso judicial, también con mucha firmeza, hasta que se cumpla la ley”, expresó el titular del CIN.

¿Qué implica para las universidades?

La resolución se da mientras continúa el debate por los recursos que recibirán las universidades nacionales durante 2027. El financiamiento universitario se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno y las autoridades académicas.

Para las universidades, la discusión incluye salarios, becas y fondos necesarios para sostener el funcionamiento de las instituciones. En ese escenario también queda alcanzada la Universidad Nacional de Salta (UNSa), al formar parte del sistema de universidades nacionales.

Ahora el Gobierno deberá responder ante la Justicia dentro del plazo de cinco días. Si no cumple con lo ordenado, quedará expuesto a la aplicación de las multas previstas por el juez Cormick.