La causa por la muerte de Tomás Alancay, el niño que falleció tras ser atropellado el pasado 5 de abril en La Merced, continúa generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como fuera de él. En las últimas horas, familiares de la víctima expresaron su preocupación por presuntos movimientos patrimoniales atribuidos al intendente de esa localidad, Javier Wayar, propietario de la camioneta involucrada en el hecho.
El conductor del vehículo permanece con prisión preventiva y enfrenta una imputación por homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor.
En declaraciones radiales, Pablo Arias, padre del menor fallecido, sostuvo que, días después del siniestro, se habrían realizado gestiones vinculadas a bienes del jefe comunal. Según manifestó, estas acciones fueron detectadas por la familia en el marco de las actuaciones posteriores al hecho.
«A cuatro días de fallecido mi hijo, el intendente habría hecho donaciones de bienes», afirmó Arias, quien además señaló que la Justicia habría intervenido para impedir algunas de esas operaciones.
Reclamo de la familia
El padre de Tomás también se refirió al avance de la causa penal y aseguró que la familia continúa esperando novedades judiciales tras la primera audiencia realizada el 4 de mayo.
Asimismo, rechazó versiones que señalaban una supuesta ayuda económica por parte del intendente. «Todo fue a pulmón y gracias a la colaboración de vecinos», expresó al recordar las actividades realizadas por familiares y allegados en memoria del niño.
Patrimonio bajo análisis
De acuerdo con información que trascendió en los últimos días y que deberá ser corroborada en los ámbitos correspondientes, algunos bienes que anteriormente habrían figurado a nombre del jefe comunal ya no aparecerían registrados bajo su titularidad.
También se indicó que vehículos y otros activos habrían sido transferidos o enajenados recientemente. En paralelo, se mencionó una propiedad ubicada en La Silleta que no figuraría actualmente entre los bienes registrados a nombre del funcionario.
Según estas versiones, el único bien que continuaría formalmente a nombre de Wayar sería la camioneta Ford Ranger involucrada en el hecho investigado, vehículo que permanece secuestrado por orden judicial.
Hasta el momento, no se conoció una respuesta pública del intendente respecto de las afirmaciones realizadas por la familia de la víctima ni sobre los presuntos movimientos patrimoniales mencionados.
Mientras tanto, la causa judicial continúa su curso y la familia de Tomás Alancay insiste en su pedido de justicia por la muerte del menor.
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