Avanza la iniciativa para liberar el uso de los “dólares del colchón” sin control del sector privado

El Gobierno nacional se prepara para anunciar en los próximos días una normativa que permitirá a los ciudadanos utilizar sus dólares no declarados sin tener que justificar su origen ante entidades privadas. El objetivo es eliminar trabas burocráticas y facilitar el ingreso de divisas a la economía formal, concentrando el control exclusivamente en los organismos del Estado.

La medida, que involucra al Ministerio de Economía, el Banco Central, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y áreas jurídicas del Ejecutivo, apunta a que los fondos en efectivo, conocidos popularmente como “dólares del colchón”, puedan ser utilizados para operaciones sin la necesidad de validaciones previas por parte de bancos, escribanos, concesionarias o inmobiliarias.

Actualmente, si una persona intenta realizar una operación con dólares y el banco considera que el origen de los fondos no está debidamente justificado, está obligado a emitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante las autoridades. La nueva normativa pretende eliminar esa intermediación del sector privado, reservando exclusivamente al Estado la tarea de fiscalización.

El presidente Javier Milei confirmó la iniciativa y explicó que no tiene fines recaudatorios, sino que busca «liberar» el uso del dinero de los ciudadanos. “Usted va a poder usar sus dólares sin que le pidan explicaciones, sin dejar los dedos marcados. Se terminó la persecución fiscal”, afirmó.

Desde el Gobierno aseguran que la normativa será coherente con las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y que los organismos como ARCA continuarán con los controles sobre posibles operaciones ilícitas, pero ya sin involucrar al sector privado en esa responsabilidad. “Queremos terminar con la lógica en la que todos los ciudadanos están bajo sospecha y deben probar que no son delincuentes”, sostienen fuentes oficiales.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca no solo alentar la circulación de dólares no declarados dentro del circuito formal, sino también aliviar las exigencias que actualmente dificultan compras importantes, como inmuebles, vehículos o inversiones en el exterior. El mensaje es claro: el Estado se reserva el control, pero sin convertir en fiscal a cada empresa o profesional que interviene en una transacción.