El juez federal Sebastián Casanello citó a declaración indagatoria al expresidente Alberto Fernández en el marco de la causa que investiga supuestas maniobras de corrupción vinculadas a la contratación de seguros por parte de organismos estatales durante su gestión. La convocatoria responde a un pedido voluntario del propio Fernández, quien solicitó ampliar su declaración antes de que se resuelva su situación procesal.

La causa —conocida como el caso Nación Seguros— apunta a una posible intermediación fraudulenta en la contratación de pólizas, con el pago de comisiones millonarias a brokers presuntamente cercanos al entorno del exmandatario. Según la investigación, entre los intermediarios figura el empresario Héctor Martínez Sosa, quien mantiene vínculos económicos con Fernández desde al menos 2010, según un informe de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos).

En paralelo, la Cámara Federal revocó la medida cautelar que había dispuesto la inhibición de bienes de Fernández y de otros imputados, incluyendo a Martínez Sosa y a María Cantero, exsecretaria del expresidente y esposa del empresario. La decisión fue adoptada por mayoría con los votos de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes cuestionaron la falta de fundamentos y de indicios de ocultamiento patrimonial. En disidencia, el juez Roberto Boico sostuvo que en casos de criminalidad económica la congelación preventiva de activos es una herramienta clave.

La causa estuvo inicialmente a cargo del juez Julián Ercolini, quien tomó declaración a los imputados pero no resolvió sus situaciones procesales. Luego, Casanello asumió como subrogante, avanzó con nuevas medidas —entre ellas la inhibición de bienes— y ahora deberá decidir si dicta o no los procesamientos por presunta corrupción y administración fraudulenta.

La investigación se centra en las contrataciones de seguros realizadas por dependencias estatales, que habrían canalizado pagos a intermediarios de manera sistemática, generando perjuicios económicos al Estado y beneficios a personas del entorno presidencial. La resolución del juez Casanello será clave para el futuro judicial de Fernández y el resto de los acusados.

Fuente: medios