Solicitan juicio para una familia acusada de organizar sorteos ilegales a través de WhatsApp

El Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio de un padre y sus dos hijos, acusados de explotar y organizar juegos de azar ilegales mediante un grupo de WhatsApp donde realizaban sorteos vinculados con la pesca y el camping.

La fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio al Juzgado de Garantías 7 para Fausto Gustavo Puentes, Pedro Gustavo Puentes y Sofía Macarena Puentes. Se los acusa del delito de explotación y organización de juegos de azar sin autorización.

Según la investigación, los imputados habrían desarrollado —de manera coordinada y sin habilitación del Ente Regulador del Juego de Azar (EnReJA)— sorteos de artículos como cañas, reels, conservadoras, carne para asado, entre otros. La modalidad consistía en asignar números a los participantes y definir a los ganadores según los resultados de la Tómbola Salteña.

La causa se inició a partir de 43 denuncias, todas con características similares. En ellas, los denunciantes indicaron que los sorteos se realizaban en un grupo de WhatsApp llamado “La Pesca con Gustavo”, al cual se accedía mediante un enlace enviado por los propios organizadores. La mayoría de los participantes aseguró conocer a Fausto Puentes por su participación en salidas de pesca.

Fausto Puentes habría sido el principal organizador de los sorteos: anunciaba los premios, asignaba los números, indicaba el horario de cada sorteo y proporcionaba su cuenta de Mercado Pago para recibir los pagos. En tanto, Sofía Puentes se encargaba de la administración del grupo y, en ocasiones, de coordinar sorteos y entregar premios.

La fiscal señaló que los acusados continuaron con esta actividad hasta diciembre de 2024, cuando varios participantes comenzaron a reclamar premios que nunca fueron entregados. Según el requerimiento, la familia habría recibido dinero en reiteradas ocasiones sin cumplir con las entregas prometidas.

Además, se remarcó que la legislación vigente en Salta establece que únicamente personas jurídicas pueden gestionar actividades vinculadas a los juegos de azar. Por ello, al actuar sin habilitación, los imputados habrían perjudicado económicamente al Estado Provincial.