La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) generó un fuerte impacto político dentro del Gobierno nacional y, especialmente, en el Ministerio de Economía. El caso tomó mayor dimensión luego de que la Justicia allanara la vivienda de Ornella Calvete, directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, donde se incautaron cerca de 700.000 dólares además de otras divisas. Tras la difusión del operativo, la funcionaria presentó su renuncia a la Secretaría de Industria y Comercio, al considerar que su continuidad se había vuelto insostenible.

La causa que involucra a Calvete forma parte de una investigación más amplia sobre contratos sospechosos, presuntos retornos ilegales y operaciones vinculadas a proveedores públicos dentro de ANDIS. El Ministerio Público Fiscal dispuso varios allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, secuestrando dinero en efectivo, documentación y dispositivos electrónicos considerados clave para la pesquisa.

El expediente también incluye intercambios de mensajes entre Ornella Calvete y su padre, el empresario Miguel Ángel Calvete, registrados días antes de los operativos. Según documentos citados por Infobae, la funcionaria advirtió a su padre sobre movimientos policiales. En esas conversaciones, ambos mencionaron la situación financiera de INDECOM, la disponibilidad de dinero en efectivo y posibles respuestas ante eventuales preguntas judiciales. En un mensaje, el empresario sugiere una coartada en caso de hallazgo de fondos: “Digo que me lo prestó alguien, olvidate”.

Otro intercambio, del 10 de septiembre, expone contactos con una reconocida ortopedia y la posibilidad de obtener beneficios si avanzaba una reunión prevista.

La Justicia confirmó que el allanamiento donde se incautó el dinero se realizó el 9 de octubre de 2025, y que el monto secuestrado asciende a unos 700.000 dólares. En paralelo, Miguel Ángel Calvete fue citado a declarar en los tribunales de Comodoro Py, aumentando la tensión alrededor de un expediente que permanece bajo secreto parcial.

Mientras tanto, el Ministerio de Economía inició el proceso para designar a un reemplazo en la Secretaría de Industria y Comercio. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas contra exfuncionarios, empresarios y proveedores vinculados a los contratos bajo sospecha, a medida que se analizan los mensajes, documentos y registros financieros secuestrados.