Cuatro jóvenes fueron condenados en la ciudad de Salta por una serie de hechos de hurto calificado y una tentativa de robo cometidos en distintos puntos de la capital salteña y zonas aledañas. Además de recibir una pena de prisión condicional, deberán afrontar compensaciones económicas que superan los 25 millones de pesos.

La fiscal penal María Eugenia Guzmán y el auxiliar fiscal Christian Medina, de la Unidad de Robos y Hurtos, representaron al Ministerio Público Fiscal durante una audiencia de juicio abreviado pleno en la que los acusados admitieron su participación en los delitos investigados.

Los condenados fueron identificados como Maximiliano Oscar Rivas, Mauro Leonel Corbalán y Oscar David Torino, acusados por cuatro hechos de hurto calificado, mientras que Gonzalo Benjamín Lemos fue condenado por cinco hechos de hurto calificado y una tentativa de robo en concurso real.

El juez de Garantías Pablo Zerdán dispuso para los cuatro imputados una pena de un año y tres meses de prisión de ejecución condicional, además del cumplimiento de estrictas reglas de conducta. Entre ellas, se estableció la prohibición de reingresar a la provincia de Salta sin autorización judicial.

Como parte del acuerdo judicial, los acusados ofrecieron una reparación económica a las víctimas, que incluye devolución de dinero en pesos y dólares, entrega de bienes de elevado valor y otras compensaciones económicas por una cifra superior a los 25 millones de pesos.

La investigación comenzó tras una serie de denuncias por robos ocurridos en distintos sectores de la ciudad. Según la causa, los implicados actuaban de manera coordinada y utilizaban vehículos, motocicletas y alojamientos temporarios como apoyo logístico para cometer los ilícitos.

A través del análisis de cámaras de seguridad, tareas de inteligencia y seguimiento, los investigadores lograron vincular a los sospechosos con al menos cinco hechos de hurto calificado y una tentativa de robo.

Durante los allanamientos y procedimientos, la Policía secuestró importantes sumas de dinero en efectivo, moneda extranjera, teléfonos celulares, tarjetas bancarias, documentación y herramientas presuntamente utilizadas para concretar los delitos. Parte de esos elementos permitió además relacionar a los acusados con otros hechos denunciados posteriormente.