La Justicia federal dispuso desvincular penalmente al Presidente, su hermana y otros nueve involucrados en la investigación por la criptomoneda que se desplomó tras ser promocionada en redes sociales. La resolución todavía puede ser apelada.

La Justicia federal dictó este viernes el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otras nueve personas investigadas en la causa LIBRA, iniciada tras el escándalo por la promoción y posterior desplome de la criptomoneda en febrero de 2025.

Según informó TN, la decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, al considerar que los hechos denunciados no constituyen delito.

La resolución también alcanza a los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Davis, vinculados con el lanzamiento y la promoción del activo digital.

El fallo, de aproximadamente 60 páginas, se fundamenta en el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación, que contempla el sobreseimiento cuando el hecho investigado no encuadra en una figura delictiva.

Cómo comenzó el escándalo LIBRA

El caso se originó el 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando LIBRA como una iniciativa privada destinada a financiar emprendimientos y pequeñas empresas argentinas.

Tras la publicación presidencial, la criptomoneda registró una fuerte suba de precio, seguida de un desplome que provocó importantes pérdidas entre inversores.

Durante la investigación se analizaron movimientos financieros, dispositivos electrónicos y posibles acuerdos económicos entre los impulsores del proyecto y funcionarios nacionales.

También se investigó un supuesto convenio confidencial entre Milei y Davis, aunque desde la Secretaría General de la Presidencia informaron que no existían registros oficiales de ese acuerdo.

¿La causa quedó definitivamente cerrada?

El sobreseimiento todavía no está firme y puede ser apelado. El juez dispuso que el expediente sea archivado una vez que la resolución adquiera firmeza.

De esta manera, la decisión representa el cierre de la investigación penal en esta instancia, aunque las partes podrán presentar recursos para solicitar su revisión ante una instancia judicial superior.