Un fallo de la Cámara Federal abrió la puerta a revisar la medida judicial que obliga al Gobierno nacional a actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios. Desde la Casa Rosada consideran que la decisión podría frenar su aplicación.

El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas sumó este martes 20 de octubre un nuevo capítulo judicial. La Cámara Contencioso Administrativo Federal falló a favor del Gobierno de Javier Milei y ordenó que se tramite una apelación contra la medida que exige actualizar los salarios universitarios y garantizar fondos para becas.

La decisión fue tomada por la Sala III del tribunal, integrada por los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, quienes consideraron que el Estado nacional podría sufrir un perjuicio irreparable si se lo obligaba a cumplir una resolución sin permitirle recurrirla.

Desde el Ministerio de Capital Humano celebraron el fallo y anticiparon que continuarán con su postura judicial. “La vamos a seguir a muerte”, expresaron fuentes de la cartera nacional.

¿Qué pasará con los aumentos salariales?

El punto central de la disputa es la medida cautelar que obligaba al Gobierno a garantizar la actualización salarial de docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales.

El Ejecutivo sostiene que esa disposición tenía un plazo determinado y que su vigencia ya habría terminado. También asegura que cumplió con las obligaciones establecidas en la Ley de Financiamiento Universitario.

Sin embargo, la Cámara todavía no resolvió si el Gobierno debe continuar aplicando la medida cautelar. Lo que hizo fue habilitar la apelación que anteriormente había sido rechazada por el juez de primera instancia.

Aunque en algunos sectores del Gobierno interpretan que el fallo permite suspender las obligaciones cuestionadas, la resolución no establece expresamente esa suspensión. Además, el recurso concedido no tiene, por sí mismo, efecto suspensivo automático.

Una disputa millonaria por los fondos universitarios

El conflicto judicial comenzó a partir de una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el Decreto 759/25, vinculado con el financiamiento de las universidades públicas.

En ese contexto, la Justicia había ordenado al Estado garantizar determinados recursos mientras avanzaba el proceso judicial.

Posteriormente, el juzgado federal N° 11 intimó al Gobierno a cumplir la cautelar en un plazo de cinco días, bajo advertencia de aplicar multas diarias.

El Ministerio de Capital Humano cuestionó esa exigencia y argumentó que las sumas reclamadas eran extraordinarias y que no existía una liquidación precisa que permitiera establecer cuánto debía desembolsar el Estado.

Crece la incertidumbre en las universidades

La resolución llega en medio de los reclamos de docentes, no docentes y autoridades universitarias por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la necesidad de garantizar recursos para el funcionamiento de las instituciones.

El futuro de la actualización salarial sigue sin una definición judicial definitiva, ya que la Cámara deberá analizar los argumentos presentados por el Gobierno antes de resolver sobre la continuidad y el alcance de las obligaciones cuestionadas.

Por ahora, el expediente volverá al juzgado de primera instancia para avanzar con la apelación.

Mientras tanto, la disputa por los fondos universitarios continúa abierta y mantiene en alerta a la comunidad educativa de todo el país, incluidas las universidades públicas de Salta.