El exjefe de Gabinete presentó un escrito de 78 páginas para responder 20 observaciones del fiscal Gerardo Pollicita. Aseguró que obtuvo US$591.544,61 con operaciones de Bitcoin realizadas antes de llegar al Gobierno y explicó cómo utilizó parte de esos fondos.

Manuel Adorni presentó finalmente ante la Justicia su descargo patrimonial, después de solicitar una prórroga y dentro del plazo otorgado por el juez federal Ariel Lijo. El documento, de 78 páginas, busca responder los 20 puntos observados por el fiscal Gerardo Pollicita en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El principal argumento de su defensa es que buena parte del dinero que explica su evolución patrimonial proviene de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, antes de su llegada a la función pública. Según el escrito, ocho billeteras de autocustodia generaron US$591.544,61 y fueron liquidadas posteriormente.

La defensa sostiene que las criptomonedas fueron vendidas mediante operaciones en efectivo y entre particulares, sin bancos ni exchanges. Para acreditar el control sobre las billeteras, Adorni habría certificado ante escribano que posee las claves privadas y las puso a disposición de la investigación.

Otro de los puntos discutidos es el destino de esos fondos. La presentación los vincula con gastos realizados posteriormente, entre ellos la compra y refacción de una vivienda en el country Indio Cuá, además de la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito y otros gastos.

La defensa también cuestionó el costo de las obras realizadas en Indio Cuá. Mientras el contratista Matías Tabar habría declarado un desembolso de US$245.000, Adorni sostiene que el monto real fue de aproximadamente US$175.000 y presentó un informe técnico para respaldar esa estimación.

La investigación también analiza diferencias entre ingresos y gastos declarados. Según información incorporada al expediente, la fiscalía reconstruyó ingresos lícitos del grupo familiar por unos $229,7 millones frente a gastos por aproximadamente $272,8 millones, además de movimientos en dólares que deberán ser explicados.

Uno de los aspectos que ahora deberá determinar la Justicia es si la documentación presentada alcanza para acreditar el origen, titularidad y trazabilidad de los fondos provenientes de las criptomonedas, así como el resto de las operaciones cuestionadas.

Con el descargo ya presentado, el próximo paso estará en manos del fiscal Gerardo Pollicita, quien deberá evaluar las explicaciones y determinar si considera necesario avanzar con nuevas medidas en la causa. La decisión posterior corresponderá al juez Ariel Lijo.