El oficialismo dio un paso clave en el Congreso al obtener dictamen de mayoría para la modificación de la Ley de Glaciares, con el respaldo de 37 firmas sobre un total de 66 en el plenario de comisiones. Ahora, el Gobierno de Javier Milei buscará convertir el proyecto en ley durante la sesión prevista para este miércoles en la Cámara de Diputados.

El despacho fue acompañado por legisladores de La Libertad Avanza, junto a sectores del PRO, la UCR y representantes de provincias con fuerte actividad minera como Catamarca, San Juan y Misiones. En contraposición, bloques como Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron dictámenes propios de rechazo.

En la antesala del debate, organizaciones sociales y espacios opositores convocaron a una movilización desde la intersección de 9 de Julio y Avenida de Mayo hacia el Congreso. Entre los convocantes se encuentra La Cámpora, que expresó su rechazo a la iniciativa bajo la consigna de defensa del ambiente y los recursos naturales.

La reforma propone modificar el alcance de la normativa vigente, limitando la protección estricta únicamente a aquellos glaciares que demuestren un “aporte hídrico relevante y verificable” a una cuenca. Además, otorga mayor protagonismo a las provincias en la elaboración del inventario glaciar, en línea con el principio constitucional que les reconoce dominio sobre los recursos naturales.

El tratamiento del proyecto se da en un contexto de fuerte tensión política. La oposición anticipó que también buscará cuestionar al Ejecutivo por su política exterior y por recientes declaraciones oficiales vinculadas a conflictos internacionales, invocando facultades del Congreso establecidas en la Constitución.

Durante el debate en comisiones, también hubo cruces por la selección de expositores, ya que participaron principalmente funcionarios nacionales y representantes de provincias mineras como Jujuy, Mendoza, San Juan y Salta. Desde la oposición cuestionaron la ausencia de especialistas independientes.

A su vez, informes de organizaciones ambientales advirtieron sobre transferencias millonarias a provincias en los días previos al tratamiento legislativo, lo que sumó polémica al proceso.

Desde el oficialismo y sectores aliados defienden la iniciativa al sostener que la normativa actual limita el desarrollo productivo, especialmente en la minería, y frena inversiones millonarias. En cambio, los detractores alertan sobre posibles riesgos ambientales y la afectación de reservas estratégicas de agua.

Con posiciones enfrentadas y un clima de alta tensión, el debate en el recinto promete ser uno de los más conflictivos de las últimas semanas.