El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó un decreto que establece un régimen de austeridad por 180 días, con medidas que incluyen el congelamiento de salarios de funcionarios, la suspensión de nuevas contrataciones y la reducción del gasto público. La decisión se adopta en un contexto de fuerte caída de los recursos coparticipables.

La vocera de Gobierno, Paula Benavides, explicó en conferencia de prensa que el objetivo es reorganizar las cuentas provinciales sin trasladar el ajuste a los sectores más vulnerables. “El ejemplo debe empezar por casa”, afirmó, al detallar que las medidas apuntan principalmente al gasto administrativo.

Congelamiento salarial y control del gasto

El decreto dispone el congelamiento total de las remuneraciones de funcionarios de todos los niveles, incluyendo al propio gobernador, ministros, secretarios y autoridades de organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado. Además, se establece la no incorporación de nuevo personal durante el período de vigencia.

También se prohíben las comisiones de servicio al exterior —salvo casos excepcionales— y se suspenden los gastos en cortesía y protocolo.

Entre otras disposiciones, se ordena revisar y renegociar en un plazo de 60 días los contratos en moneda extranjera vinculados a bienes y servicios, con el objetivo de adecuar precios. Asimismo, se implementará un control más estricto sobre el uso de vehículos oficiales y el consumo de combustible, además de exigir rendiciones mensuales a los organismos descentralizados ante el Ministerio de Economía.

Impacto de la crisis y llamado a otros poderes

Desde el Gobierno provincial señalaron que la medida responde a la caída del consumo, que impacta directamente en la recaudación y la coparticipación. En ese marco, se invitó a los otros poderes del Estado a adoptar criterios similares de austeridad.

Benavides remarcó que, a diferencia de los recortes generalizados a nivel nacional, la Provincia aplica un ajuste focalizado, priorizando sostener áreas sensibles como el subsidio al transporte, el incentivo docente y la asistencia a instituciones que trabajan con personas con discapacidad.

Como ejemplo, mencionó el acompañamiento a HIRPACE, cuyos servicios básicos son cubiertos en su totalidad por el Estado provincial.

Caída de programas nacionales y efecto en la economía

Durante la conferencia también se advirtió sobre el impacto de la eliminación del programa Volver al Trabajo, que afecta a más de 200.000 salteños y, en particular, a 53.000 beneficiarios directos en la provincia.

Según detallaron, la medida implica una retracción de aproximadamente 4.000 millones de pesos mensuales en la economía local, afectando el consumo en comercios de cercanía y generando incertidumbre ante la falta de definiciones sobre los nuevos esquemas de asistencia.

Asistencia y respuesta ante la emergencia climática

Por otra parte, la vocera destacó el rol activo del Estado provincial frente a la emergencia climática, con más de 100 vuelos de asistencia aérea para el traslado de alimentos, agua y medicamentos a zonas de difícil acceso.

En regiones como Rivadavia Banda Norte y Rivadavia Banda Sur se entregaron 8.000 módulos alimentarios, mientras que más de 35 municipios recibieron ayuda con agua potable, colchones y materiales de primera necesidad.

Asimismo, se resaltaron las obras realizadas sobre el río Pilcomayo, que permitieron mitigar riesgos y evitar mayores daños durante las crecidas.

Finalmente, el Gobierno provincial aseguró que continuará con una presencia activa en el territorio, priorizando la asistencia, la previsión y el acompañamiento a las comunidades en un contexto económico complejo.