lunes 6 julio de 2026

Sáenz y el ministro de Justicia de la Nación firmaron tres acuerdos para fortalecer el sistema judicial en Salta

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Los convenios fueron suscriptos durante una jornada sobre fortalecimiento del sistema judicial realizada en Salta. El gobernador destacó el trabajo conjunto con la Nación y aseguró que los acuerdos apuntan a construir «una justicia más eficiente, más cercana y con mejores herramientas» para enfrentar los desafíos actuales.

El gobernador Gustavo Sáenz y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, firmaron este lunes en Salta tres convenios de cooperación destinados a fortalecer el sistema de justicia provincial. Los acuerdos contemplan la promoción de la mediación comunitaria, la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y la adhesión al Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (PRONADEM).

La firma se realizó en el Aula Magna de la Universidad Católica de Salta, en el marco de la Jornada de Fortalecimiento del Sistema de Justicia, de la que también participaron el rector de la casa de estudios, Federico Colombo Speroni; el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, y el ministro de Gobierno y Justicia de Salta, Ignacio Jarsún.

Durante su discurso, Sáenz sostuvo que «los problemas de la gente no tienen bandera política» y afirmó que los convenios representan «compromisos reales para construir un sistema de justicia más eficiente, más cercano y con mejores herramientas para responder a los desafíos de este tiempo».

Uno de los ejes centrales de los acuerdos es la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil. En ese sentido, el mandatario remarcó que «las leyes, por sí solas, no cambian la realidad; la cambian las decisiones políticas que se toman para ponerlas en marcha».

Otro de los convenios formaliza la adhesión de Salta al PRONADEM, un programa nacional orientado a fortalecer la lucha contra el microtráfico de estupefacientes. Sáenz aseguró que la provincia decidió enfrentar esta problemática «con dureza y firmeza», mediante un trabajo coordinado entre la Justicia Federal, el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad.

«La lucha contra el narcotráfico exige articulación diaria, decisión política y un Estado presente. Nadie puede enfrentar este desafío solo», expresó el gobernador, quien además agradeció al Gobierno nacional por acompañar las políticas impulsadas desde las provincias.

El tercer acuerdo está vinculado al fortalecimiento de la mediación como herramienta para la resolución de conflictos. Según explicó Sáenz, el objetivo es agilizar la respuesta judicial, descomprimir los tribunales y favorecer soluciones consensuadas entre las partes.

Por su parte, el ministro Juan Bautista Mahiques destacó la experiencia de Salta en la implementación del sistema acusatorio y sostuvo que las políticas desarrolladas por la provincia constituyen un modelo para otras jurisdicciones. Además, señaló que las experiencias salteñas serán tomadas como referencia para avanzar en mejoras al Código Procesal Penal Federal.

«Los programas y la implementación que está llevando adelante Salta son dignos de destacar y deberían ser considerados por otras provincias e incluso por el ámbito federal», afirmó el funcionario nacional.

A su turno, el procurador general Pedro García Castiella recordó que Salta fue una de las primeras provincias en adherir al régimen de desfederalización del microtráfico y remarcó que el crimen organizado requiere respuestas coordinadas entre la Nación y las provincias.

«La experiencia demuestra que no se puede combatir el crimen organizado en compartimentos estancos. El delito no reconoce jurisdicciones ni fronteras, por lo que resulta indispensable consolidar una agenda común y una verdadera coordinación entre todos los niveles del Estado», sostuvo.

La jornada reunió a autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público, funcionarios provinciales, representantes de la Universidad Católica de Salta, mediadores y operadores del sistema de justicia, quienes analizaron herramientas para modernizar la gestión judicial y fortalecer la cooperación institucional.

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