El gobernador de Salta reclamó que se revise la nueva normativa de exportación fronteriza. Empresarios y municipios de la provincia advirtieron sobre las consecuencias que podría generar la medida en la actividad comercial.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, llevó un importante reclamo ante las autoridades nacionales por los cambios implementados en el régimen de tráfico fronterizo de exportación, una medida que generó preocupación entre comerciantes, empresarios y municipios de las zonas limítrofes.
El mandatario provincial mantuvo un encuentro con el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, a quien le planteó la necesidad de reconsiderar la normativa para evitar que las nuevas restricciones terminen perjudicando a quienes trabajan dentro de la legalidad.
Durante la reunión, ambos funcionarios también se comunicaron con el director general de Aduanas, José Vélis, para transmitirle la posición del Gobierno salteño frente a esta situación.
Preocupación por el comercio en la frontera
La modificación del régimen generó cuestionamientos entre sectores empresariales y municipios fronterizos de Salta, que solicitaron una revisión de las disposiciones por sus posibles consecuencias sobre la actividad económica.
En ese sentido, Sáenz planteó que es necesario fortalecer los controles aduaneros sin perjudicar el comercio legal, una actividad de importancia para las localidades que mantienen un intercambio comercial permanente con los países vecinos.
La propuesta del gobernador apunta a mejorar los mecanismos de fiscalización y prevenir irregularidades, pero evitando que las nuevas exigencias se conviertan en un obstáculo para los comerciantes que cumplen con las normas.
Qué pasará con la nueva normativa
Desde el Gobierno provincial insistieron en la necesidad de abordar el problema de manera integral, contemplando tanto los objetivos de control del Estado nacional como la realidad económica de las localidades fronterizas.
Por ahora, no se informó una decisión oficial de ARCA sobre una eventual modificación de la normativa.
El planteo de Sáenz busca abrir una instancia de revisión que permita encontrar una solución para los sectores afectados, sin debilitar los controles sobre las operaciones comerciales en la frontera.
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