El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, encabezó un encuentro de trabajo con autoridades de la Corte de Justicia de Salta y del Ministerio Público para analizar la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que comenzó a regir el pasado 4 de mayo en la provincia.

La reunión contó con la participación de representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad, y tuvo como eje central evaluar la transición hacia el nuevo sistema acusatorio y adversarial, considerado uno de los cambios estructurales más relevantes de las últimas décadas en materia judicial.

Durante el encuentro, Sáenz destacó el trabajo articulado entre los distintos poderes del Estado y subrayó que la reforma consolida un sistema más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía.

“En Salta estamos llevando adelante una de las transformaciones más importantes de la Justicia Penal en décadas. Este cambio representa una justicia más rápida, más transparente y más cercana a la gente”, afirmó el mandatario.

El nuevo Código Procesal Penal redefine el funcionamiento del sistema judicial: el Ministerio Público Fiscal asume la investigación y acusación, mientras que los jueces garantizan la imparcialidad del proceso mediante audiencias orales y mayor celeridad en la resolución de las causas. La implementación inicial se desarrolla en el Distrito Judicial del Centro.

Sáenz remarcó que la reforma deja atrás estructuras burocráticas tradicionales y avanza hacia un modelo basado en la oralidad, la digitalización y el uso de tecnología aplicada a la gestión judicial.

“El objetivo es que los salteños tengan una justicia que dé respuestas en menos tiempo, con mayor transparencia y mejor acceso para víctimas y ciudadanos”, sostuvo el gobernador.

La presidenta de la Teresa Ovejero calificó la reunión como “muy positiva” y destacó la necesidad de articulación entre todos los poderes del Estado.

“El Estado es uno solo y debemos trabajar juntos porque el ciudadano demanda protección de sus derechos. Esta reforma involucra a todos”, señaló.

Ovejero también resaltó que el nuevo Código posiciona a Salta en un lugar destacado dentro del proceso de modernización judicial a nivel nacional.

Por su parte, la defensora general y presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Ada Guillermina Zunino, destacó que el sistema garantiza mayor celeridad sin afectar derechos y garantías procesales.

“No se persigue ni la impunidad ni la arbitrariedad, sino el dictado de una sentencia justa”, explicó.

Asimismo, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial en la asignación de recursos para la implementación del nuevo sistema y sostuvo que permitirá mayor seguridad jurídica y rapidez en los procesos, especialmente en delitos menores.

El ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, destacó que la reforma fortalece la transparencia y el control institucional mediante audiencias registradas y trazables.

Además, subrayó la incorporación de nuevas herramientas de investigación como el agente encubierto, el informante y la entrega vigilada, que serán claves en la lucha contra el delito organizado.

Modernización del sistema judicial

El nuevo Código Procesal Penal incorpora cambios estructurales como la oralidad como regla general, la despapelización de expedientes mediante la carpeta judicial digital y la creación de la Oficina Judicial para optimizar la gestión de audiencias.

También introduce el uso de plataformas digitales interoperables entre jueces, fiscales y defensores, lo que permite mayor agilidad y transparencia en los procesos.

Otro punto central es la incorporación de criterios como la reiterancia delictiva para evaluar la prisión preventiva, en respuesta a demandas sociales vinculadas a la seguridad y la reincidencia.

La jornada concluyó con el compromiso de seguir trabajando en la implementación progresiva del sistema, considerado un paso clave hacia la modernización integral de la Justicia Penal en Salta.