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El Gobierno de Javier Milei anunció una reconfiguración de sus políticas sociales luego de un fallo judicial que lo obliga a restituir el programa “Volver al Trabajo” (VAT) a más de 950 mil beneficiarios en todo el país.
A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, informó que la medida tendrá “graves consecuencias” sobre el presupuesto y la planificación del área.
El fallo que cambia el escenario
La decisión oficial se produce tras la resolución del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien ordenó al Estado reactivar de forma inmediata el pago del programa VAT para 951.871 personas.
El fallo establece que el beneficio —de $78.000— debe restituirse en un plazo de tres días, lo que generó un fuerte impacto financiero según el Ejecutivo.
Programas en pausa
Desde el Gobierno explicaron que, como consecuencia de esta decisión judicial, no podrán avanzar con dos iniciativas que consideraban prioritarias: la implementación de vouchers de formación laboral y la extensión de la doble escolaridad en escuelas vulnerables.
“La obligación de afrontar este pago masivo impide llevar adelante políticas planificadas”, señalaron desde la cartera.
El oficialismo había defendido la eliminación del programa VAT al considerar que ya había cumplido su ciclo de dos años, y buscaba reemplazar la asistencia directa por esquemas de capacitación sin intermediación de organizaciones sociales.
Reacciones y conflicto
La medida judicial se originó a partir de una acción colectiva impulsada por trabajadores de la economía popular, quienes denunciaron que la eliminación del programa implicaba un recorte en sus ingresos.
Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular cuestionaron la política oficial y señalaron que el fallo representa “un límite contundente” al ajuste.
Por su parte, el dirigente social Juan Grabois calificó la decisión judicial como “un acto de justicia” frente a las medidas del Gobierno.
El conflicto abre un nuevo frente entre el Ejecutivo y la Justicia, en medio de un debate de fondo sobre el rol del Estado en la asistencia social y el impacto de los recortes en los sectores más vulnerables.
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