La Justicia laboral dictó una medida cautelar que frena parcialmente uno de los pilares del programa de reformas del Gobierno nacional. A partir de una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT), quedaron suspendidos 82 artículos de la ley de “modernización laboral”, en un fallo que impacta directamente en el esquema de despidos, la negociación colectiva y el derecho de huelga.

La resolución fue firmada por el juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, quien dispuso una medida cautelar innovativa. Si bien no se expide sobre la constitucionalidad definitiva de la norma, bloquea su aplicación para evitar posibles daños irreversibles mientras se resuelve el fondo del caso.

Entre los principales argumentos del magistrado se destacan la posible vulneración de derechos con jerarquía constitucional y el “peligro en la demora”, es decir, el riesgo de que la ley produzca efectos negativos antes de una sentencia definitiva.

El fallo tiene un alcance estructural, ya que deja en suspenso puntos clave del proyecto oficial. Entre ellos, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que proponía un sistema alternativo al esquema indemnizatorio; la ampliación de servicios esenciales que limitaba el derecho de huelga; y la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos.

También quedaron frenadas modificaciones sensibles en las relaciones laborales, como la exclusión de trabajadores de plataformas del régimen de dependencia, cambios en el cálculo de indemnizaciones y la eliminación del principio de interpretación a favor del trabajador. Asimismo, se suspendieron medidas que flexibilizaban la responsabilidad empresarial en casos de tercerización.

El capítulo sindical es otro de los más afectados por la cautelar. Se paralizaron normas que restringían asambleas, reducían licencias gremiales, limitaban la tutela sindical y habilitaban sanciones que podían afectar la personería de los sindicatos.

Desde el Gobierno nacional ya anticiparon que apelarán la decisión judicial, por lo que el caso continuará en instancias superiores. Mientras tanto, los artículos cuestionados permanecerán sin aplicación hasta que se dicte una sentencia definitiva.

El expediente abre un escenario de fuerte disputa entre el Ejecutivo y el sector sindical, en un contexto donde la reforma laboral aparece como uno de los ejes centrales del rumbo económico impulsado por la administración nacional.