La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares, una norma clave para la protección de reservas estratégicas de agua en el país. La iniciativa obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, tras una sesión que se extendió hasta la madrugada.

El proyecto ya contaba con media sanción del Senado y ahora introduce cambios significativos respecto de la ley original sancionada en 2010, que establecía presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y ambientes periglaciares.

Cambios en el criterio de protección

Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación del alcance de la protección. A partir de ahora, esta se limitará a aquellos glaciares y zonas periglaciares que tengan una “función hídrica comprobada o relevante”.

Esto implica que no todas las áreas quedarán bajo resguardo estricto, sino únicamente aquellas consideradas estratégicas para el abastecimiento de agua, mientras que otras podrían habilitarse para actividades productivas.

Mayor rol de las provincias

La nueva normativa otorga mayor protagonismo a las provincias, que serán responsables de definir los criterios de protección y evaluar, caso por caso, las actividades permitidas mediante estudios de impacto ambiental.

Este enfoque refuerza el concepto de federalismo ambiental impulsado por el oficialismo, permitiendo a cada jurisdicción tomar decisiones según sus características y necesidades.

En ese contexto, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) dejará de tener un rol central en la determinación científica de los glaciares y pasará a cumplir una función principalmente registral.

Cambios en prohibiciones y controles

Otro aspecto relevante es la modificación del sistema de prohibiciones. Mientras que la ley vigente establecía restricciones generales, la reforma habilita la evaluación individual de cada proyecto.

Esto abre la posibilidad de desarrollar actividades, incluso extractivas, en zonas que anteriormente estaban protegidas de manera amplia, siempre bajo evaluación ambiental.

Además, se introduce un cambio en el principio precautorio: los glaciares incluidos en el inventario seguirán protegidos inicialmente, pero podrían perder esa condición si se determina que no cumplen funciones hídricas relevantes, aunque seguirán bajo el marco de la Ley General del Ambiente.

Debate y posturas encontradas

La reforma generó cuestionamientos por parte de especialistas y organizaciones ambientales, que advierten sobre riesgos para las reservas de agua dulce y el equilibrio de los ecosistemas.

Desde el Ejecutivo, en tanto, sostienen que la modificación permitirá ordenar el marco legal, evitar interpretaciones arbitrarias y brindar mayor previsibilidad a las inversiones, especialmente en sectores como la minería.

El tema promete continuar en el centro del debate público, dado su impacto en el ambiente y en el desarrollo productivo del país.