En el marco de un nuevo conflicto por el financiamiento educativo, el Gobierno nacional envió un requerimiento a todas las universidades públicas del país para que informen qué medidas están adoptando frente a las protestas docentes.

La nota, titulada “Requerimiento de informe s/ Garantía de Continuidad Pedagógica y Derecho de Enseñar y Aprender”, fue firmada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y enviada a los rectores de las casas de estudio.

En el documento se solicita “información fehaciente” sobre las acciones institucionales destinadas a garantizar el dictado de clases y el acceso a la educación, en un contexto marcado por un paro docente que ya se extiende por más de una semana y que responde al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, vigente desde hace más de seis meses.

El planteo generó un fuerte rechazo en sectores gremiales. Desde ADIUNSa, el sindicato de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Salta, cuestionaron la iniciativa oficial y señalaron una contradicción en el discurso gubernamental.

“Resulta llamativo que un gobierno que incumple una ley clave para el funcionamiento del sistema universitario hable de garantizar el derecho a enseñar y aprender”, indicaron en un comunicado. Además, recordaron que existen fallos judiciales que atribuyen al propio Estado la responsabilidad por la afectación de esos derechos.

El requerimiento establece un plazo de 48 horas para que las universidades presenten un informe detallado que incluya planes de contingencia, modalidades alternativas de cursado, garantía de acceso y eventuales medidas administrativas o judiciales.

Uno de los puntos más cuestionados es la advertencia incluida en la nota, donde se señala que el incumplimiento podría derivar en la revisión de la asignación o transferencia de recursos presupuestarios nacionales.

Desde ADIUNSa calificaron el documento como “intimidatorio” y advirtieron que vulnera la autonomía universitaria y el derecho a huelga. En ese sentido, también anticiparon una creciente movilización del sector, con la organización de una nueva marcha federal prevista para el 12 de mayo.

El conflicto entre el Gobierno y el sistema universitario suma así un nuevo capítulo, en un escenario de tensión que combina reclamos salariales, financiamiento y el funcionamiento pleno de la educación pública en todo el país.