Salta presentó un amparo ante la Corte Suprema por la suspensión de pensiones por invalidez

La Provincia de Salta, a través de la Fiscalía de Estado a cargo de Juan Agustín Pérez Alsina, presentó una Acción de Amparo contra el Estado nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por la suspensión de pensiones no contributivas por invalidez. La medida fue instruida por el gobernador Gustavo Sáenz e incluye el pedido de una Medida Cautelar y la convocatoria a una audiencia pública.

El escrito busca restablecer de manera inmediata el pago de las pensiones suspendidas, garantizar el reintegro retroactivo de los haberes y exigir que los procesos de auditoría se realicen con transparencia, profesionalismo y respeto por los derechos de las personas con discapacidad.

Según la presentación, las suspensiones se dieron en el marco de procedimientos arbitrarios e irregulares, sin notificación previa a los beneficiarios, con criterios dispares en las evaluaciones médicas y auditorías realizadas por personal sin la debida habilitación profesional.

Denuncian destrato e irregularidades

La Fiscalía de Estado fundamenta la demanda en la suspensión masiva de 129 pensiones en julio de 2025, señalando que la ANDIS se negó a proporcionar información nominal de los beneficiarios ni los detalles de los procedimientos aplicados.

También se denuncia un destrato institucional hacia organismos locales y beneficiarios, quienes debieron recorrer largas distancias para trámites que finalmente no se concretaban.

“Se trata de una medida con fines fiscalistas que atropella los derechos de los ciudadanos más vulnerables”, sostiene la presentación, advirtiendo que la decisión del gobierno nacional afecta directamente derechos fundamentales como la vida, la salud y la dignidad humana.

Reclamo ante la Corte

Con la acción, Salta no sólo busca restablecer las pensiones, sino también visibilizar lo que considera un acto de exclusión institucionalizado, en un contexto marcado por denuncias de corrupción en el manejo de fondos destinados a la discapacidad.

La Provincia remarcó que la suspensión de pensiones incumple la obligación constitucional del Estado nacional de proteger a los grupos más vulnerables y, por el contrario, agrava la situación de quienes dependen de esos ingresos para sobrevivir.