El Gobierno nacional decidió postergar el ingreso del proyecto de nueva Ley de Financiamiento Universitario a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y prevé retomar la discusión en marzo, ya que descarta que la iniciativa pueda tratarse durante el período de sesiones extraordinarias.

Aunque el decreto que extiende las extraordinarias hasta el 28 de febrero será publicado en el Boletín Oficial, en la Casa Rosada reconocen que no hay tiempo suficiente para avanzar con el tratamiento y que el objetivo inmediato será conformar la comisión correspondiente.

El oficialismo asegura tener los votos

Desde el Ejecutivo sostienen que cuentan con los apoyos necesarios para avanzar con el proyecto, con el respaldo de aliados y bloques dialoguistas como Provincias Unidas, y estiman un piso cercano a los 131 votos para obtener media sanción.

La estrategia oficial apunta a ordenar el dictamen en comisión y cerrar el debate en el inicio del período ordinario de sesiones.

Reuniones con universidades

En paralelo, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron encuentros con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a 56 universidades nacionales.

En esas reuniones se abordaron temas vinculados a salarios docentes, gastos de funcionamiento y la necesidad de previsibilidad presupuestaria para el sistema universitario.

Cambios en el esquema de actualización

La nueva ley no derogaría formalmente la norma vigente —sancionada en 2024, vetada por Javier Milei y luego ratificada por el Congreso—, sino que introduciría modificaciones en el mecanismo de actualización de los fondos.

El proyecto propone reemplazar la indexación automática por aumentos escalonados con cláusulas de revisión. El Ejecutivo evalúa otorgar una actualización del 20% en los créditos para gastos de funcionamiento respecto de 2025 y realizar una revisión en junio para medir posibles desfasajes frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Contexto judicial y político

La discusión se da en paralelo a la apelación del Gobierno contra la medida cautelar que lo obliga a aplicar la ley vigente. El recurso fue presentado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal con pedido de efecto suspensivo, luego de un fallo de primera instancia que ordenó actualizar salarios docentes y partidas presupuestarias.

En Balcarce 50 buscan evitar una nueva escalada política y judicial al inicio del ciclo lectivo y avanzar hacia un acuerdo que permita reemplazar el esquema actual con una nueva normativa.