El Gobierno nacional analiza la posibilidad de postergar el tratamiento de la reforma del Código Penal para concentrar sus esfuerzos políticos y legislativos en lograr la aprobación de la Reforma Laboral durante el mes de febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso. La definición final dependerá del presidente Javier Milei, aunque dentro del oficialismo crece la postura de llevar el debate penal al período de sesiones ordinarias, que comenzará el 1° de marzo.

Según trascendió desde el entorno libertario, la estrategia apunta a focalizar la agenda parlamentaria en un objetivo central y evitar la dispersión de fuerzas. “Es la misma lógica que aplicamos en diciembre: concentrar energías en un proyecto clave”, reconoció un funcionario con acceso a la mesa de decisiones. En ese sentido, la Reforma Laboral aparece como uno de los pilares de la segunda etapa de la gestión de Milei.

La mesa política del oficialismo volverá a reunirse este viernes, tras el receso de verano, con el objetivo de delinear una estrategia común que permita sumar apoyos para la iniciativa laboral. El temario de las sesiones extraordinarias ya es considerado extenso por el Ejecutivo, lo que refuerza la idea de no incorporar en esta etapa un proyecto de alto impacto como la reforma del Código Penal.

Desde el Gobierno argumentan que la modificación del régimen penal —que contempla más de 900 artículos y propone endurecer penas para delitos graves— requiere un debate profundo y detallado. Por eso, consideran más conveniente tratarlo durante las sesiones ordinarias. De hecho, el proyecto aún no fue enviado al Congreso y continúa en su fase final de redacción, a cargo de equipos técnicos vinculados a los ministerios de Justicia y Seguridad.

Mientras tanto, la prioridad inmediata pasa por ordenar la negociación legislativa en torno a la Reforma Laboral. Para ello, el Ejecutivo prepara una ofensiva política que incluirá contactos con aliados parlamentarios y gobernadores, con el objetivo de asegurar los consensos necesarios. En Balcarce 50 sostienen que se trata de una iniciativa clave para el rumbo económico y productivo que impulsa la administración libertaria.

Si finalmente se confirma la postergación, la reforma del Código Penal no formará parte del temario que acompañará el decreto presidencial que oficialice la eventual continuidad de las sesiones extraordinarias a partir de febrero. De este modo, el Gobierno busca ordenar su agenda y apostar a una victoria legislativa que le permita fortalecer su posición política en el arranque del año parlamentario.