La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, uno de los proyectos impulsados por el Gobierno nacional para modificar el régimen de Ganancias y facilitar la formalización de ahorros que actualmente se encuentran fuera del sistema financiero.

La iniciativa fue aprobada con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones y ahora deberá ser tratada por el Senado para convertirse en ley.

El proyecto modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias, vigente desde 2025. Uno de los principales cambios consiste en eliminar los límites de $10.000 millones de patrimonio y $1.000 millones de ingresos que actualmente permiten acceder al esquema simplificado.

Para utilizar este régimen se mantendrán como requisitos tener residencia fiscal en Argentina y no estar incluido en la categoría de Gran Contribuyente Nacional.

Desde el oficialismo defendieron la medida como una forma de simplificar los controles y concentrar los recursos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en los casos donde existan inconsistencias relevantes.

La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado sostuvo que la reforma busca “confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos” y reducir controles considerados innecesarios.

Críticas de la oposición

La oposición cuestionó el proyecto y sostuvo que, detrás de la simplificación tributaria, existe un nuevo mecanismo de blanqueo que podría reducir la capacidad del Estado para detectar evasión y controlar el origen de determinados fondos.

Durante el debate, Martín Lousteau advirtió que la iniciativa podría significar una “degradación” de las facultades de ARCA para detectar evasores y otros delitos vinculados al movimiento de dinero.

También se expresaron en contra distintos sectores de Unión por la Patria, que cuestionaron los cambios en las herramientas de fiscalización del organismo recaudador.

Exclusión para funcionarios de alto rango

A pedido del oficialismo, durante la sesión se incorporó una modificación para establecer una limitación sobre funcionarios y exfuncionarios de alta responsabilidad que hayan ocupado cargos durante los cinco años anteriores.

Estas personas podrán presentar sus declaraciones mediante el régimen simplificado, pero ARCA mantendrá todas sus facultades de fiscalización sobre sus bienes e ingresos.

La restricción no se extenderá a sus cónyuges ni familiares.

Menores multas y cambios en los controles

La reforma también contempla una reducción del 25% en determinadas multas para MiPyMEs, personas humanas y entidades sin fines de lucro. Además, establece una quita del 50% para algunas sanciones anteriores que todavía no hayan quedado firmes.

Otro de los cambios establece límites a la posibilidad de revisar el origen de fondos correspondientes a ejercicios anteriores y flexibiliza el criterio utilizado para determinar cuándo existe una “discrepancia significativa”.

Con la media sanción de Diputados, el proyecto quedó ahora en manos del Senado, donde deberá reunir los votos necesarios para completar su tratamiento legislativo.