Tras más de quince horas de debate, el Senado de la Nación aprobó por 42 votos a favor y 30 en contra el proyecto de modernización laboral promovido por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa, considerada una de las principales apuestas del oficialismo para fomentar la creación de empleo formal, será ahora tratada en la Cámara de Diputados.

El oficialismo consiguió el respaldo de la Libertad Avanza (LLA), la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales como Independencia, Frente Social de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico y La Neuquinidad.

Según fuentes parlamentarias, el Gobierno aspira a que la norma sea sancionada antes del 27 de febrero.

Cómo fue la votación

El proyecto obtuvo 42 votos afirmativos aportados por 20 senadores de LLA, 10 de la UCR, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas y representantes de bloques provinciales.

Los 30 votos negativos provinieron del interbloque peronista —integrado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero— junto a dos legisladores de Santa Cruz.

Durante el tramo final de la sesión estuvieron presentes en el recinto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El oficialismo también destacó el respaldo político de gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Martín Llaryora (Córdoba) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Qué plantea la reforma

El proyecto contempla incentivos para promover el empleo formal mediante la reducción de impuestos, establece topes a las indemnizaciones, habilita convenios colectivos por empresa, crea el banco de horas y fija límites al derecho de huelga en servicios esenciales.

Además, durante la discusión se resolvió mantener el sistema de aportes sindicales con un tope del 2% para afiliados, mientras que las cámaras empresariales podrán percibir hasta un 0,5%.

En cuanto al Instituto Nacional de Cine (INCAA), se mantendrá hasta 2028 el esquema actual de financiamiento —10% del valor de las entradas de cine, 10% de la venta o alquiler de videos y 25% de la recaudación del ENACOM— y luego pasará a depender de partidas del Presupuesto Nacional.

También se incorporó a último momento el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires como anexo del proyecto.

Cruces y posiciones enfrentadas

El debate estuvo marcado por fuertes cruces entre oficialismo y oposición. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa al sostener que el país necesita superar una “legislación obsoleta” y apostar al dinamismo del sector privado.

Por su parte, el presidente del interbloque peronista, José Mayans, calificó el proyecto como “inconstitucional” y aseguró que “va a fracasar”, al considerar que vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales.

En la misma línea, el senador Mariano Recalde sostuvo que la norma “no está pensada para generar trabajo” y cuestionó cambios vinculados a la jornada laboral y al régimen de vacaciones.

El debate comenzó a las 11.13 con quórum aportado por 38 senadores y la votación en general se realizó a la 1.20 de la madrugada. El tratamiento en particular se extendió hasta pocos minutos antes de las 4.

Tras la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley Bases en 2024, la reforma laboral se posiciona como una de las leyes centrales en la agenda legislativa del Gobierno nacional.