La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la Argentina y anuló la millonaria condena que obligaba al país a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF realizada en 2012.

Revés para los demandantes

Por dos votos contra uno, los jueces revocaron parcialmente la sentencia dictada en primera instancia por la magistrada Loretta Preska, rechazando los principales reclamos de los accionistas minoritarios.

Los magistrados Denny Chin y Sarah Merriam Robinson sostuvieron que los reclamos por incumplimiento contractual “no son reconocibles según la ley argentina”, un punto clave en la resolución.

Respaldo a la postura argentina

El fallo consideró que la expropiación de YPF fue realizada conforme a la legislación vigente en Argentina y con aval del Congreso, por lo que los estatutos de la empresa no constituyen un contrato exigible entre el Estado y los accionistas privados.

Además, se estableció que la Ley de Expropiaciones regula integralmente este tipo de procesos, descartando la obligación de realizar una oferta pública a los accionistas minoritarios tras la estatización.

El tribunal también rechazó otros argumentos de los demandantes, como el “estoppel por promesa”, al considerar que carecían de fundamento legal.

Impacto económico y estratégico

La decisión evita que Argentina deba afrontar un pago multimillonario a los fondos Petersen y Eton Park, respaldados por Burford Capital.

Asimismo, aleja el riesgo de embargo sobre activos estratégicos del país, como Vaca Muerta, uno de los principales reservorios de hidrocarburos no convencionales del mundo.

Un litigio de más de una década

El caso se originó tras la nacionalización de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando los demandantes reclamaron un trato similar al otorgado a Repsol.

La Argentina apeló el fallo inicial en 2024 y, tras audiencias en 2025, el tribunal revisó el caso desde cero. Incluso días antes de esta resolución, había suspendido intentos de embargo contra el país.

Con este nuevo fallo, se cierra un capítulo clave en uno de los litigios internacionales más importantes para la Argentina en los últimos años, con un resultado favorable que refuerza su posición jurídica.