El juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita.

La medida, que también alcanza a su esposa Bettina Julieta Angeletti y a la firma As Innovación Profesional, fue dispuesta para avanzar en la trazabilidad de los movimientos económicos del funcionario y esclarecer el origen de su patrimonio.

Dos ejes bajo investigación

La causa tiene dos focos principales: los viajes al exterior realizados por Adorni y su esposa, y las propiedades incorporadas a su patrimonio en los últimos años.

Entre los bienes investigados se encuentran un departamento en el barrio porteño de Caballito, una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club y otro inmueble en Parque Chacabuco. Varias de estas operaciones se realizaron mediante hipotecas privadas, un mecanismo que ahora es analizado por la Justicia.

En ese contexto, también se dispuso levantar el secreto fiscal de varias personas vinculadas a estas operaciones, entre ellas mujeres que habrían otorgado préstamos al funcionario.

Nuevas pruebas y testimonios

La investigación sumó en las últimas horas la presentación espontánea de la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en las operaciones inmobiliarias. La profesional aportó documentación, aunque señaló que no detectó irregularidades y sostuvo que el origen de los fondos “debe ser explicado por Manuel Adorni”.

Por su parte, la fiscalía solicitó documentación clave como boletos de compra-venta, registros notariales y detalles sobre los contratos de hipoteca. En ese marco, se realizó un procedimiento en la inmobiliaria Rucci, ubicada en Mataderos, para secuestrar material relevante.

Además, se dispuso la citación de nuevos testigos, incluyendo personas que participaron en las operaciones y quienes habrían otorgado préstamos al funcionario.

Trazabilidad de los fondos

Uno de los puntos centrales de la causa es reconstruir la evolución patrimonial de Adorni. Para ello, el fiscal pidió acceso a declaraciones juradas, ingresos, bienes en el país y en el exterior, movimientos bancarios y posibles vínculos comerciales o societarios.

La investigación también busca determinar la consistencia entre los ingresos declarados y las adquisiciones realizadas, incluyendo préstamos, deudas y otros compromisos financieros.

Según consta en su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, el jefe de Gabinete declaró un patrimonio de 107 millones de pesos y la tenencia de 50.000 dólares.

Hipotecas privadas bajo la lupa

Uno de los aspectos más relevantes del expediente es el uso de hipotecas privadas para la compra de propiedades. En el caso del departamento de Caballito, dos jubiladas habrían aportado 200.000 dólares —sin intereses y con vencimiento en 2026— cubriendo gran parte del valor del inmueble.

Este tipo de operatoria, junto con la relación entre las partes involucradas, es ahora objeto de análisis por parte de la Justicia.

Con el levantamiento del secreto bancario y fiscal, la fiscalía contará con herramientas clave para profundizar la investigación y determinar si existieron irregularidades en la evolución patrimonial del funcionario.