La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Gobierno nacional debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y avanzar en la actualización de salarios docentes, becas estudiantiles y programas de investigación, tras hacer lugar a una demanda presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades del país.

El fallo, firmado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, incluyó duros cuestionamientos al Poder Ejecutivo por haber suspendido la aplicación de la norma mediante un decreto, pese a que la ley había sido aprobada por el Congreso y ratificada con el respaldo de dos tercios de ambas cámaras tras el veto presidencial.

En ese sentido, los magistrados remarcaron que no es válido suspender una ley vigente utilizando otra norma de igual jerarquía. “¿Podría el Poder Ejecutivo sostener que la aplicación de una ley del Congreso se encuentra suspendida con sustento en otra ley anterior?”, plantearon en el fallo, respondiendo de manera negativa.

La Cámara también respaldó lo resuelto en primera instancia por el juez Martín Cormick, quien había advertido que el incumplimiento de la ley no solo no protegía el interés público, sino que afectaba derechos fundamentales. En particular, subrayaron que la falta de financiamiento impacta directamente en el derecho a enseñar y aprender.

El conflicto se originó en 2024, cuando el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar la actualización automática de los recursos del sistema. Aunque el presidente Javier Milei vetó la norma, el Parlamento rechazó esa decisión y dejó firme su vigencia.

Sin embargo, el Ejecutivo avanzó con su promulgación sin asignar partidas presupuestarias, argumentando la falta de fuentes de financiamiento y el impacto fiscal que implicaría su implementación.

En paralelo, el Gobierno envió un proyecto al Congreso para modificar el esquema de financiamiento, que aún no fue tratado. Mientras tanto, instituciones como la Universidad de Buenos Aires advirtieron que el presupuesto 2026 no contempla los recursos previstos en la ley.

Desde el ámbito académico sostienen que la aplicación efectiva de la norma es clave para garantizar el funcionamiento del sistema universitario, incluyendo las áreas de docencia, salud, investigación y extensión.