El Senado envía al Ejecutivo proyectos de aumento a jubilaciones, moratoria y emergencia en discapacidad

Este lunes, el Poder Ejecutivo recibirá los proyectos de ley aprobados por el Senado el pasado 10 de julio, que contemplan un aumento del 7,2% en las jubilaciones, la extensión por dos años de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en materia de discapacidad. A partir de la recepción oficial, el presidente Javier Milei tendrá hasta el 4 de agosto para decidir si veta total o parcialmente estas iniciativas.

Los proyectos, que tras su aprobación debieron ser firmados por los presidentes de ambas cámaras y finalmente remitidos al Ejecutivo, comenzarán a correr el plazo de 10 días para la posible objeción presidencial. En caso de vetos, el Congreso podrá insistir en la sanción original, pero para ello deberá reunir un respaldo de dos tercios de los legisladores presentes en la sesión.

Aunque el aumento de jubilaciones y la emergencia en discapacidad contaron con un amplio apoyo en el Senado —con más de dos tercios de los votos a favor—, en la Cámara de Diputados la situación es más ajustada. El proyecto de moratoria, por ejemplo, apenas logró una diferencia estrecha: 111 votos a favor, 100 en contra y 15 abstenciones. Por ello, es menos probable que consiga el apoyo necesario para revertir un eventual veto en esa cámara.

Para el aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios, el Senado emitió 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones, pero en Diputados necesitará ampliar voluntades para alcanzar los 146 votos requeridos si se mantiene la misma cantidad de legisladores presentes. Similar escenario enfrenta la ley sobre pensiones y prestaciones por discapacidad, que logró 143 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones en el Senado, requiriendo 144 votos en Diputados para asegurar su aprobación definitiva.

Con un plazo de 15 días para negociar, el Gobierno intentará conseguir apoyos entre gobernadores de bloques dialoguistas o algunos legisladores peronistas para blindar posibles vetos. Sin embargo, en el contexto electoral actual, esta tarea podría ser más compleja debido a la reticencia de mandatarios provinciales a respaldar medidas que generan controversia.

Fuente: medios/NoticiasArgentinas