El juez en lo Penal Económico Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino en el marco de una investigación por la presunta retención indebida de aportes de la seguridad social y tributos nacionales. Además, dispuso la prohibición de salida del país para los involucrados.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusa a la entidad rectora del fútbol argentino de haber actuado como agente de retención y percepción sin depositar en tiempo y forma los montos correspondientes.

Fechas de indagatoria y otros implicados

Según lo dispuesto por el magistrado, Tapia deberá presentarse ante la Justicia el próximo 5 de marzo, mientras que Toviggino lo hará el 6. La medida también alcanza al presidente de Argentinos Juniors, Cristian Ariel Malaspina; a Gustavo Lorenzo; y al expresidente de Racing Club, Víctor Blanco.

Períodos investigados y montos

La investigación abarca presuntas irregularidades cometidas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, vinculadas a retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.

De acuerdo con la presentación judicial, las maniobras podrían configurar el delito de omisión, ya que la obligación surge de la condición de agente de retención y la conducta investigada se centra en la falta de depósito dentro del plazo legal de 30 días.

La denuncia inicial señalaba obligaciones no ingresadas por más de $7.593 millones, cifra que luego fue ampliada a $11.759 millones, por lo que el total bajo análisis supera los $19.300 millones.

Argumentos del organismo denunciante

ARCA sostuvo que los importes retenidos no constituyen fondos propios, sino recursos que pertenecen al Estado desde el momento de la retención, por lo que su falta de ingreso podría implicar una indebida apropiación de caudales públicos.

Asimismo, el organismo argumentó que el presunto delito se configura con dolo, al considerar que la entidad conocía su obligación legal y contaba con capacidad financiera para cumplirla. Entre las pruebas ofrecidas figuran informes bancarios —incluidos datos del Banco Credicoop— que, según la denuncia, demostrarían disponibilidad de fondos.

La causa continúa en etapa de investigación y se espera que las indagatorias permitan avanzar en la determinación de responsabilidades.