La Policía Federal Argentina (PFA) recuperó más de 200 documentos históricos vinculados a algunas de las figuras más importantes de la historia nacional, en el marco de una investigación por presunto tráfico ilícito de bienes culturales. El material era ofrecido a la venta en una casa de subastas de la Ciudad de Buenos Aires y tenía un valor estimado de 100 mil dólares.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA, a través del Departamento Protección del Patrimonio Cultural, en una causa impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional.

La investigación comenzó a partir de tareas de monitoreo que habitualmente realiza el personal especializado sobre plataformas de subastas y sitios de compra y venta online. Durante esos controles, los investigadores detectaron la oferta de un importante lote compuesto por más de 200 piezas documentales de valor histórico.

Entre los elementos recuperados se encontraban cartas, escritos y documentos vinculados a próceres y protagonistas fundamentales de la historia argentina, como José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid.

Además, el conjunto incluía recortes periodísticos, libros, fotografías y otros materiales relacionados con organismos e instituciones del Estado nacional y provincial.

Según informaron las autoridades, las características de los documentos —incluyendo tipografías, sellos oficiales y fechas de emisión— permitieron establecer indicios de que podrían estar protegidos por la Ley Nacional N.º 15.930, que regula la preservación documental y establece competencias específicas para el Archivo General de la Nación.

Con las pruebas reunidas durante la investigación, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo, ordenó una presentación con allanamiento en subsidio en el inmueble ubicado sobre la calle Rodríguez Peña al 1700, donde funcionaba la casa de subastas.

Las autoridades destacaron que este tipo de procedimientos resultan fundamentales para preservar el patrimonio documental argentino y evitar que piezas de alto valor histórico sean comercializadas de manera irregular o terminen fuera del circuito de protección estatal.

La causa continúa en investigación para determinar el origen de los documentos y establecer si existieron infracciones a la normativa vigente sobre conservación y protección de bienes culturales.