El Gobierno habilita a las Fuerzas Armadas a detener civiles en la frontera norte
El Gobierno Nacional amplió el rol de las Fuerzas Armadas en la frontera norte y les autorizó la detención transitoria de civiles que sean sorprendidos en flagrancia cometiendo delitos. La medida fue confirmada por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien defendió la decisión afirmando: “La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de las fronteras. La detención en casos de flagrancia está prevista en los Códigos procesales provinciales y nacionales”.
Esta nueva disposición forma parte de un operativo más amplio, denominado “Operación Julio Argentino Roca”, que ya había desplegado unos 10.000 efectivos en zonas alejadas de pasos fronterizos oficiales. El objetivo inicial era obtener información estratégica para la defensa nacional; sin embargo, ahora se amplió el alcance para incluir también el control directo en las fronteras.
Desde su cuenta en la red social X, Petri respondió a las críticas defendiendo la medida: “Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar”. Además, sostuvo que en países vecinos y en Estados Unidos, las Fuerzas Armadas cumplen funciones similares en las zonas fronterizas, y acusó al “sesgo ideológico” de haber limitado durante años su accionar en Argentina.
La resolución oficial establece que el uso de la fuerza por parte de los militares se limitará exclusivamente a situaciones de legítima defensa propia o de terceros frente a amenazas inminentes que pongan en riesgo la vida o la integridad física. Se prohíbe expresamente disparar contra vehículos o personas que intenten escapar de un control, incluso si hay sospechas fundadas de un delito.
Asimismo, se establecen criterios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad y gradualidad para cualquier intervención, siguiendo los principios del artículo 34 del Código Penal de la Nación, normas similares a las que regulan el accionar de las fuerzas policiales.
Finalmente, las instrucciones subrayan que los efectivos deben priorizar la disuasión verbal mediante órdenes firmes y claras, evitando en lo posible cualquier confrontación física. El enfoque deberá ser siempre el de actuar con respeto, disciplina y en resguardo de los derechos de las personas.
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