Estados Unidos confirmó la incautación del buque petrolero Marinera —antes conocido como Bella 1— el miércoles, tras más de dos semanas de persecución en el océano Atlántico Norte, en el marco de una ofensiva contra embarcaciones vinculadas a Venezuela y sometidas a sanciones estadounidenses.

La operación fue ejecutada por la Guardia Costera estadounidense, con apoyo de fuerzas militares, bajo un mandato de un tribunal federal de Estados Unidos que autorizó la confiscación por presuntas violaciones de sanciones. El buque, que navegaba con bandera rusa, había evitado intentos anteriores de abordaje y se encontraba en aguas internacionales al momento de su captura.

Este reconocimiento representa uno de los casos recientes más llamativos de aplicación de la política de sanciones y control del transporte de crudo venezolano, que Washington ha reforzado en los últimos meses.

Reacción internacional y elementos de tensión

La persecución al Marinera se desarrolló en medio de un contexto diplomático tenso entre Estados Unidos y Rusia. En semanas recientes, medios internacionales habían reportado la posible presencia de un submarino ruso y otros medios navales rusos en apoyo al buque, lo que alimentó especulaciones sobre la escalada de la disputa por el control de los envíos de petróleo sujetos a sanciones.

Ante la operación, autoridades estadounidenses insistieron en que la medida se enmarca dentro de su estrategia para bloquear la exportación ilícita de crudo venezolano, argumentando que embarcaciones como el Marinera formaban parte de una llamada “flota oscura” —una red de buques que buscan evadir sanciones al cambiar de bandera o identidad.

Aunque las autoridades rusas han cuestionado la legitimidad de la acción, defendiendo que el barco se encontraba en cumplimiento del derecho internacional marítimo al navegar bajo bandera rusa, la operación ya se perfila como un episodio que podría acentuar las tensiones geopolíticas entre ambas potencias.

Contexto de sanciones y seguimiento

El Marinera había sido sancionado por Estados Unidos años antes, vinculado a actividades relacionadas con el transporte de crudo que supuestamente facilitaban la evasión de medidas restrictivas. Durante la persecución, el buque había cambiado de nombre y bandera, maniobra que, según seguimiento satelital y análisis de monitorización marítima, buscaba dificultar su rastreo y captura.

La incautación del Marinera se produce en un momento de presión sostenida de Washington sobre el sector energético venezolano, consolidada por decretos recientes que apuntan a frenar la circulación de petróleo en violación de sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados.